El carácter estratégico del sector agrario, del que se habla en estas líneas, se ha visto subrayado por la pandemia de COVID-19 y la crisis generada por ella. Merecen todo nuestro agradecimiento la implicación y el compromiso generosos de las organizaciones profesionales agrarias y, en general, de las personas del campo de Castilla y León, pues nos han cuidado espléndidamente con los preciados alimentos y otras iniciativas loables, como la participación en la desinfección de espacios. Es y será imprescindible, asimismo, su aportación a la reconstrucción justa y sostenible, en sintonía con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y del Pacto Verde Europeo. En esta línea, la Comisión Europea ha aprobado el pasado miércoles, 20 de mayo, la estrategia De la granja a la mesa, con la que se pretende que los alimentos europeos continúen siendo seguros, nutritivos y de alta calidad y se cultiven por un sector agrario respaldado y con criterios medioambientales.
La actividad agraria, que se halla en el origen de la civilización, sigue siendo un sector estratégico para el progreso. La innovación agropecuaria y el respeto por la naturaleza han facilitado siempre el avance cultural, social, económico y científico-técnico. El sector agrario reivindica la imprescindibilidad del cuidado de la tierra, del desarrollo rural sostenible, de una alimentación sana, suficiente y accesible y de la consideración del ámbito natural como el ecosistema del ser humano. No deben escatimarse esfuerzos institucionales, definidos en diálogo permanente con las organizaciones profesionales agrarias (integrantes activos del Consejo Económico y Social de Castilla y León), para promocionar una actividad agraria rentable, desempeñada en un contexto de bienestar, con dotación adecuada de servicios públicos y prestación de trabajo con derechos.
La producción agropecuaria de calidad se considera con acierto un símbolo de Castilla y León, de su identidad cultural, de su renombrada industria agroalimentaria y de su maravillosa gastronomía. Ha de fomentarse la productividad, así como la dedicación al sector agrario de jóvenes (mujeres y hombres), mediante la formación profesional y la universitaria, el incremento de la I+D+i, el impulso de la transformación o elaboración artesana e industrial, el reconocimiento social, una adecuada retribución al trabajo y la inversión, la calidad de vida y la prestación de buenos servicios públicos en el ámbito rural, la extensión plena de la cobertura de las redes telemáticas y el aprovechamiento óptimo de todos los factores de producción.
Con el cuidado institucional del sector agrario no se trata únicamente de mantener un factor diferencial y reputacional, sino también de garantizar el bienestar general y la seguridad de la ciudadanía. Se atienden, en efecto, tres vertientes de la seguridad que demandan las sociedades avanzadas: la seguridad alimentaria, la seguridad de los abastecimientos y la seguridad en el acceso a los mercados mayoristas y minoristas. Resulta evidente que los integrantes de la sociedad contemporánea, urbanitas muy mayoritariamente, reparan (o, quizá, reparaban hasta hace poco) escasamente en la dependencia del modelo de bienestar individual y colectivo del buen funcionamiento del sector agrario.
El deslumbramiento generado por las revoluciones industriales y tecnológicas, que dio origen a la absurda minusvaloración de la actividad agropecuaria, otorgó mayor valor añadido a los sectores industrial y de servicios. La emigración del campo a la ciudad, que inició con fuerza en el siglo XIX, abrió una tendencia hacia un olvido erróneo e injusto, que propició el vaciamiento de grandes áreas del interior de la península ibérica, muchas de ellas fértiles, rentables y productivas. Deviene innegable, no obstante, que la salud pública e individual y la calidad de vida dependen de una buena alimentación. Solo se logra su satisfacción si se puede garantizar, con el apoyo público requerido, una producción agraria segura, saludable y rentable, suficiente y adecuada a la demanda, con mercados estables y sistemas de distribución eficientes y conducentes a precios proporcionados para productores y consumidores, capaces de facilitar el acceso a la alimentación en igualdad real.
El sector agrario contribuirá ahora a la reconstrucción justa, económica y social. La modernización en la gestión y los avances en el saber agronómico hacen de este sector, por su vinculación y apego a la naturaleza, uno de los decisivos para alcanzar un modelo productivo sostenible. La oportunidad que ofrece de asentar población en las zonas rurales, por fomentar su desarrollo, se une al conocimiento de los ecosistemas locales, de los que depende para sus resultados. Se podría frenar la despoblación de las zonas rurales, que ha conducido al abandono de extensas áreas y su deterioro medioambiental.
En definitiva, el carácter estratégico del sector agrario obliga a prestarle una especial atención en las políticas activas de empleo y emprendimiento y de rentas, así como en la protección social. Se requiere disponer, por ello, para complementar la gran iniciativa privada del sector, de una financiación pública reforzada y de una Política Agrícola Común (PAC) vigorizada por la Unión Europea.
