La Ley Orgánica de Universidades establece que “La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio” (art. 1.1). Contempla, por ello, entre sus funciones al servicio de la sociedad, “La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico” [art. 1.2.c)]. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León recoge entre los principios rectores de las políticas públicas, en su art. 16, “El apoyo a las Universidades de Castilla y León y el estímulo a la excelencia en su actividad docente e investigadora” (apartado 20) y “La promoción y el fomento de la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica como prioridad estratégica para garantizar el progreso social y económico de la Comunidad” (apartado 6).
El preámbulo del Estatuto de Autonomía asevera, además, que “en las tierras leonesas y castellanas se pusieron en pie las primeras Universidades de España”, y del mundo, se podría añadir. Recientemente, en 2018, se conmemoró, como acontecimiento de Estado, el Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca. Recuérdese que fue Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León, quien concedió la denominación de universidad, por primera vez a nivel internacional, precisamente al Estudio General salmantino.
Castilla y León dispone de un sistema universitario prestigioso y de alto nivel. Supone una de las señas de identidad de nuestra Comunidad Autónoma, capaz de atraer talento, pues son muchas las personas que acuden, desde el resto de España, la Unión Europea, la Comunidad Iberoamericana de Naciones y otros ámbitos internacionales, a enseñar, aprender e investigar en los distintos campos del saber y la creación cultural. Este rasgo diferencial ha de ser tenido en cuenta para el progreso, el bienestar y la innovación económica y social, superando definitivamente, en la medida en que pervivan, las dudas y el desconocimiento mutuo de los ámbitos universitario y empresarial o, en general, social y político.
Las universidades y sus campus, presentes en todas las provincias de Castilla y León, actúan como agentes dinamizadores de los entornos territoriales donde se ubican. Son entidades generadoras de empleo directo e indirecto, captan personas jóvenes y asientan población. El cumplimiento de sus funciones docentes, investigadoras, culturales, sociales y deportivas genera efectos positivos mediatos e inmediatos en la sociedad, de presente y de futuro. La creación, la transferencia y la difusión del conocimiento son un valor en sí mismas, que se multiplica cuando conduce a la formación de las personas, también en sus dimensiones ciudadana y profesional (urgen el doctorado industrial y la formación universitaria dual), y a la investigación básica y aplicada al desarrollo, la innovación y la creatividad. La adquisición de saberes, métodos y habilidades, así como de la capacidad de afrontar situaciones difíciles o cambiantes y de resolver problemas, se unen a la atención de las necesidades sociales y empresariales. El trabajo conjunto de la universidad con las instituciones, las empresas, los interlocutores sociales y otras organizaciones origina siempre resultados positivos, y así se demuestra en la práctica. Debe aprovecharse el excepcional peso del sistema universitario en Castilla y León y avanzarse, a su vez, en el diseño reforzado de un sistema autonómico de ciencia y transferencia del conocimiento.
La imprescindible búsqueda de acuerdos políticos, sociales e interinstitucionales, tan necesarios para la superación justa de esta dura crisis sanitaria, económica y social, pasa por el Consejo del Diálogo Social y la anhelada confluencia de la Junta y los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, así como por la coordinación pactada con los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales y la Federación Regional de Municipios y Provincias. Quedaría incompleto este esperado marco institucional, sin embargo, si otras cuatro importantes instituciones públicas autonómicas no entran en él, las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, para prestar su servicio, en el ejercicio de sus funciones, amplias y notables, a la reconstrucción económica y social de nuestra Comunidad Autónoma.
Esta plataforma de convergencia de fines y propósitos, liderada por la Junta de Castilla y León, como Gobierno autonómico, posibilitaría que se aunaran esfuerzos para la más rápida reactivación económica, social y administrativa hacia un modelo sostenible y, por ello, mejorado. Se puede alcanzar así un modelo de unión de fines y estrategias, sin menoscabo de la autonomía de las instituciones y las organizaciones, contemplada en la Constitución Española, que parte de la correspondiente a la propia Comunidad (art. 2) y continúa con los sindicatos y las asociaciones empresariales (art. 7), los Ayuntamientos (art. 140), las Diputaciones Provinciales (art. 141) y las Universidades (art. 27). Este Consejo Económico y Social se ofrece a colaborar en la consecución de este laudable empeño.
