Está a punto de terminar un ejercicio económico que plantea una larga serie de incertidumbres de futuro basadas sobre todo en la pérdida de competitividad del sector productivo regional.
A la vista de los últimos datos conocidos y de las previsiones de los expertos, puede afirmarse que, aun cuando las expectativas de crecimiento apuntaban a un notable repunte a final de año, los resultados evidencian que el proceso de reactivación, que no de recuperación, está siendo menos intenso de lo esperado, con un aumento del PIB de tan solo un 3% en Castilla y León.
Además, la incertidumbre que están provocando otros factores, como los precios de materias primas, las dificultades de suministro de materiales y componentes, o el encarecimiento de la energía y el transporte, inciden muy negativamente en el futuro más inmediato de la economía regional. La lógica indica que estamos ante problemas puntuales, pero la posibilidad de que se alarguen en el tiempo arroja una gran incertidumbre.
Ello nos obliga a dotar a la actividad productiva de un marco suficiente para el desarrollo de su actividad empresarial, si verdaderamente se pretende un crecimiento sostenible y de futuro. En primer lugar, es necesario aumentar el valor añadido de nuestros productos y servicios a fin de hacerlos más atractivos para el cliente y favorecer nuestra diferenciación competitiva, es decir, apostar por la mejora de la I+D y la innovación.
En segundo lugar, hay que perder el miedo a salir al exterior y avanzar en la internacionalización de nuestra economía, no sólo a la hora de vender, sino también a la hora de producir y de proveerse de suministros.
De la misma manera, hay que apostar por que nuestros recursos humanos estén preparados para el cambio mediante la necesaria formación de los trabajadores y el desarrollo de su conocimiento y experiencia, así como promover la figura del emprendedor e inyectar en las nuevas generaciones las dosis precisas de determinación, esfuerzo, riesgo y aprovechamiento necesarias para alcanzar el éxito empresarial y económico pretendido.
En cuarto lugar, tenemos que incrementar el tamaño de nuestras empresas, dado que hoy casi el 99% de mismas en Castilla y León tiene menos de 10 trabajadores y, con este pequeño tamaño no pueden enfrentarse a muchas de sus competidoras.
En definitiva, es necesario favorecer un clima propicio a la actividad industrial y a la captación de nuevas inversiones y proyectos, lo que entre otras cosas supone, aparte de un entorno sociopolítico de estabilidad y certidumbre, la implicación activa de todas las administraciones a través de políticas y actuaciones que ayuden a mejorar la competitividad industrial y que, frente a otros criterios, apuesten de manera decidida por lo de aquí.
En materia laboral, además, no es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas; empresas con una capacidad muy mermada después de duros meses, en los que han arriesgado sus ahorros y su patrimonio personal, priorizando, como no podía ser de otra manera, la salvaguarda de los puestos de trabajo, y la seguridad y la salud de los ciudadanos.
Igualmente, es importante la existencia de una política económica y fiscal que tenga una clara vocación para favorecer la inversión, la innovación, la formación y la competitividad de nuestras empresas, así como la exigencia de unas infraestructuras que necesariamente deben acompañar a nuestras empresas y que resultan esenciales si queremos dar solución o respuesta a la exigencia de la productividad. En este sentido, quisiera destacar la oportunidad que supone desplegar 5G en todo el territorio de Castilla y León.
Por todo ello, CEOE Castilla y León seguirá insistiendo que los fondos europeos son la palanca fundamental para que se produzca la necesaria transformación del modelo económico. Está claro que la posibilidad de disponer de toda esta financiación es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo supone una mayor gestión que, en el caso de España, se encuentra encorsetada por un amplio y complejo tejido normativo y burocrático, que hay que desenmarañar, con el fin doble de que puedan tener la oportunidad de acceso todas las empresas, pymes, micropymes y autónomos.
