Exconcejal del Ayuntamiento de Salamanca
No debemos olvidar que el nacimiento de la ciudad moderna tuvo, en la garantía de la higiene, la sanidad y la salud, sus principales pilares.
A mediados del siglo XIX, en 1859, el Plan Urbanístico Cerdá estableció la reforma y el ensanche de la ciudad de Barcelona. En 1860, se aprueba el Plan Castro para el cerramiento de la ciudad de Madrid. Son los primeros modelos de la planificación urbanística moderna de la gran ciudad en nuestro país.
Sirvan estas pinceladas para trasladar la importancia del modelo de ciudad como eje vertebrador de nuestra sociedad actual, de sus inicios como asentamiento y garantía de salud y su posterior desarrollo como núcleo económico, cultural y social. También como el espacio de la desigualdad, porque la elección del modelo no es neutra, distingue a unas ciudades de otras e influye decisivamente en el desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.
De aquel grito medieval “la ciudad os hará libres” a nuestra dramática actualidad como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, las Administraciones Públicas y los operadores económicos implicados en el desarrollo de la ciudad han cambiado radicalmente. El reto actual, curiosamente, nos retrotrae a la configuración del nacimiento de la ciudad moderna como espacio imprescindible de vida saludable, debiendo los responsables políticos sacar las conclusiones adecuadas para un cambio en la inversión pública y la planificación urbana. El tipo de vivienda actual va a cambiar sustancialmente y la ordenación del espacio público como lugar saludable de esparcimiento ciudadano es ya una demanda inaplazable.
Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas deben establecer un nuevo criterio para la inversión pública como consecuencia de la situación extraordinaria que vivimos y que acarreará un cambio en los modelos de desarrollo urbano. Las Administraciones Locales y Autonómicas van a adquirir una gran responsabilidad en la gestión de los recursos públicos una vez pase la pandemia, también previendo las crisis que puedan repetirse. Este reto no es nuevo, pero ahora es imprescindible acometerlo.
Los espacios geográficos y la población que se asienta en ellos necesitan y demandan un cambio en la manera de entender el territorio, las ciudades y los núcleos de población. Para ello, necesitarán los recursos y la financiación necesaria, tanto del Gobierno Central como de la Unión Europea. La decisión política de asumir este cambio de rumbo es indispensable para hacerse acreedor de estos fondos de dinero público.
El cambio del uso del suelo es ya una demanda de los ciudadanos y va a exigir a los responsables políticos la inversión en nuevos espacios verdes, la utilización racional de los recursos naturales para el equilibro del medio ambiente, medios de movilidad ciudadana alternativos a los actuales que reduzcan la contaminación, transporte público limpio, planes urbanísticos que estimulen la creatividad de la colectividad, tanto arquitectónica como paisajística y cultural, así como una política de vivienda pública coherente con la crisis social y económica, que debería marcar el modelo de vivienda de la promoción privada. Se necesita, en definitiva, un nuevo proyecto de ciudad en el que la dinamización económica se centre en la ordenación interna de las ciudades y de los núcleos de población, haciéndolos más atractivos tanto para los que viven en ellos como para los que los visitan.
El modelo de expansión urbanística y de extensión urbana debe ceder ante un nuevo modelo de ciudad, que ya se venía reclamando y que a partir de la pandemia de la Covid-19 se ha convertido en inaplazable. La ciudad de los servicios, la industria, la cultura y el ocio, debe gestionar el uso del suelo no sólo como espacio de negocio, también debe serlo como el espacio amable de la convivencia. La ciudad es el marco idóneo para hacer efectivo el derecho de ciudadanía, que no es otro que el acceso de sus ciudadanos sea cual sea su situación económica, a los servicios y recursos públicos, incluida la expectativa laboral, derecho que también obliga a las Entidades Locales, en el ejercicio de sus competencias, a generar estructuras, espacios y equipamientos que faciliten la dinamización económica.
La decisión es política, pero debe contar con los operadores económicos, los emprendedores y las empresas, los concesionarios de servicios públicos, la gestión mixta de los mismos, todos están inexorablemente abocados a una profunda transformación en sus estructuras y llamados a explorar nuevos proyectos de generación de riqueza y empleo, que, sin duda, existen y son coherentes con las demandas ciudadanas.
Las crisis de salud pública en el siglo XIX hicieron de la ciudad un espacio urbano más saludable, pero también el lugar para la prosperidad económica y cultural. La crisis de salud pública que padecemos nos pone frente al “Espíritu del Genio” que creó la ciudad moderna. Hoy, ese espíritu vuelve a ser imprescindible.
