Ante una situación imprevista, solo cabe la reacción. Pero cuando empezamos a observar que lo peor de la pandemia parece haber pasado, es hora de plantear cómo queremos/debemos prepararnos para abordar, las más que probables, próximas crisis. Una de ellas ya la tenemos encima. Debemos prepararnos para abordar la crisis social que se nos viene, como tsunami después del terremoto y, de paso mejorar nuestra capacidad de respuesta ante posibles nuevas crisis. Todo apunta a que más tarde o temprano, nos vamos a tener que enfrentar a nuevas, o no tan nuevas, crisis (sanitaria, económica, laboral, demográfica, medioambiental…). Ante este escenario se hace imprescindible el ejercicio de la planificación. Ya no hay excusa.
Tras comprobar los efectos de la pandemia en la salud de las personas, nadie pone en duda que se debe reforzar el sistema sanitario y, dentro de éste, la red de atención primaria: los equipos de los Centros de Salud. Son muchas las razones que se utilizan para justificar el reforzamiento de la atención primaria de salud. Destaco las siguientes: su dimensión comunitaria, su acción preventiva y promocional, ser la puerta de acceso al sistema, el conocimiento y fácil acceso y contacto directo con las personas que mantiene el equipo del centro de salud, etc.
A estas alturas, tampoco nadie duda de los efectos sociales de la pandemia que ya se empiezan a observar. Efectos que, muy probablemente, tarden mucho en desaparecer (si es que algún día lo hacen). Cuando se habla de efectos sociales, de inmediato nos imaginamos consecuencias en el ámbito del empleo y su repercusión en la economía familiar. Es muy de agradecer los esfuerzos de todos los implicados, especialmente gobiernos, sindicatos y patronal, en acordar medidas que faciliten la vuelta al empleo cuando sea posible, y se garanticen los ingresos mientras los salarios no llegan por interrupción-finalización de la actividad laboral. También es una buena noticia que el Gobierno de España esté diseñando un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que garantice unos mínimos ingresos que eviten que un número importante de personas y familias vivan en situación de pobreza severa sin poder acceder a bienes esenciales. Esperemos que esta medida sirva para completar las políticas de lucha contra la pobreza de las comunidades autónomas que tan ineficaces se han mostrado al no haber conseguido acabar con la pobreza severa en España. Recordemos que este tipo de pobreza afecta a más de 3 millones de personas. Nuestro país tiene el triste honor de tener una tasa de pobreza severa de las más altas en Europa, solo superada por Rumanía. Cabe esperar que la puesta en marcha del IMV esté consensuada con la CC.AA., que hasta ahora se han encargado con mayor o menor interés de garantizar una renta mínima, y vaya acompañada de una campaña de pedagogía que convenza a la población de que se trata de una medida muy extendida en Europa y que, además de ser una inversión urgente, útil y necesaria, es radicalmente justa y ética.
Pero sería un grave error reducir los efectos sociales de las crisis a los originados por el mercado laboral y sus consecuencias sobre la economía familiar. Limitar los problemas sociales a problemas de renta (pobreza), sería una enorme equivocación. Las personas somos animales sociales y nuestra calidad de vida depende, en buena medida, de las relaciones que mantengamos con nuestro entorno social. No solo necesitamos dinero. Esta pandemia lo ha puesto claramente de manifiesto. Hay muchas personas y familias que, sin carecer de dinero, sufren problemas de integración, de incorporación a una vida social plena y gratificante. El aislamiento, la soledad, la brecha tecnológica, la inseguridad, el abandono, la dependencia, la enfermedad mental, la discapacidad… son algunas de las muchas circunstancias que amenazan la calidad de vida de las personas en tanto suponen un grave riesgo de deterioro de sus relaciones sociales. Estas situaciones exigen reforzar las atenciones personales, profesionales e individualizadas que ofrecen los profesionales de los servicios sociales básicos. Conocer a las personas en situación de riesgo, hacer un seguimiento de su situación, proveer de atenciones y cuidados en el propio domicilio, activar los recursos comunitarios (vecindad y voluntariado), facilitar la participación en la vida comunitaria, ayudar en los procesos de inserción social… son algunas de las funciones que tienen encomendadas los servicios sociales básicos, lo que en Castilla y León llamamos CEAS. Invito al lector a revisar las interesantes tareas que tienen encargadas este nivel de atención social en los catálogos o carteras de servicios sociales de las distintas comunidades autónomas (incluida la nuestra) o las recomendaciones que, al respecto, hacen otros organismos nacionales o internacionales. Pero estos servicios en España en general y en nuestra Comunidad en particular, padecen dos males que los hacen ineficientes a la hora de atender debidamente a las múltiples funciones y tareas encomendadas: la escasa dotación de profesionales y la excesiva carga que supone la gestión de prestaciones sociales (dependencia, renta garantizada, ayudas de emergencia, ayudas finalistas…). Resulta urgente revisar la dotación de profesionales y descargar de tareas de gestión a este nivel de atención social.
Estar mejor preparados para afrontar la crisis social que se avecina y las crisis futuras, sean del tipo que sean, pasa por reforzar los servicios públicos de carácter comunitario: sanitarios y sociales. Y no olvidarse de que ambos tipos de atención deberían trabajar de manera coordinada e integrada. Este asunto lo dejo para otra entrada en estos Cuadernos.
