Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME) y el Gobierno de España firmaron el 11 de mayo el Acuerdo Social en Defensa del Empleo, que se encuentra en el origen del contenido del Real Decreto-ley 18/2020 (BOE 13 de mayo). Se parte de la evaluación especialmente positiva de la regulación excepcional, aprobada con motivo de la emergencia sanitaria y la paralización de la actividad empresarial, de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor (los ERTE) por el Real Decreto-ley 8/2020 (BOE 18 de marzo). Se considera que esta figura “ha sido capaz de contener de manera significativa la destrucción de empleo y de tejido empresarial”, por lo que se procede a su prórroga y a la de otras medidas de protección social. Se crea una Comisión de seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento, integrada por representantes de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de dichas organizaciones. Además, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, del Congreso de los Diputados, aprobó el 13 de mayo su plan de trabajo, la conformación de los grupos de sanidad y salud pública, reactivación económica, políticas sociales y sistema de cuidados y Unión Europea, así como las solicitudes de comparecencias y documentación.
En Castilla y León se ha dado un paso esperanzador para la consecución de un pacto de recuperación de Castilla y León de la crisis originada por el coronavirus. En el encuentro del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, celebrado el 13 de mayo, se han sentado las bases para su posible elaboración. Se ha decidido la constitución de un grupo de trabajo y se han fijado cinco ejes temáticos: sanidad de calidad y equidad, protección social, actividad económica y empleo, funcionamiento de los servicios públicos y financiación de la Comunidad, tanto a nivel nacional, como al de la Unión Europea. Se ha anunciado que se invitará a participar a los demás grupos políticos. También las entidades locales habrán de estar presentes en el ámbito de sus competencias, por lo que será convocada inmediatamente la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación de Castilla y León. Ha de agradecerse con compromiso e ilusión este esfuerzo sobresaliente, en la línea del preciado diálogo social de Castilla y León.
El Consejo del Diálogo Social se ha reunido el 15 de mayo. El presidente de la Junta y los representantes de las organizaciones empresarial y sindicales más representativas de Castilla y León, integrantes, por cierto, de la mesa de gobierno del Consejo Económico y Social (Santiago Aparicio, presidente de CECALE, Vicente Andrés, secretario general de CCOO, y Faustino Temprano, secretario general de UGT), han valorado el desarrollo del acuerdo del 25 de marzo, por el que se define un Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas más vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, el cual se halla en la base del Decreto-ley 2/2020 (BOCYL 18 de abril), convalidado por las Cortes de Castilla y León. En esta reunión, el presidente de la Junta hizo un balance positivo del grado de cumplimiento de las medidas acordadas e invitó a las organizaciones citadas a realizar aportaciones al pacto de recuperación.
Lo cierto es que, en este difícil momento, contar con acuerdos y colaboración generosa en el marco del diálogo social, así como con posibilidades de firma de un pacto político de Comunidad, supone un motivo claro para la esperanza y la búsqueda de algunas certidumbres. Son muchas las oportunidades que se abren en esta Comunidad para su recuperación, sobre la base de parámetros sostenibles y acordes con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el Pacto Verde Europeo. Las potencialidades de Castilla y León en varios sectores esenciales para la reconstrucción justa, como el altísimo nivel de los sectores agrario (agrícola y ganadero), forestal y agroalimentario, de la industria del automóvil y afines, de los sistemas educativo en general, de formación profesional, universitario y de ciencia (con prestigiosos centros de investigación en ciencias de la salud y de referencia en la asistencia sanitaria), de la cultura, el patrimonio y el turismo cultural (deberíamos viajar más por nuestra maravillosa Comunidad), de las energías renovables, etc., se unen al meritado valor del diálogo social. No ha de olvidarse, y se hablará de esto en los Cuadernos, la necesidad de explicar los beneficios sanitarios y ambientales de reordenar el territorio en el interior de la península, con la reducción de las exageradas concentraciones empresariales de Madrid, resultando Castilla y León una alternativa excelente. Tampoco ha de olvidarse la puesta en funcionamiento del Corredor Atlántico, más estratégico que nunca y generador de inversión y empleo.
