Se encuentra entre las funciones del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León la elaboración de “dictámenes e informes en cualesquiera clases de asuntos de carácter socioeconómico por iniciativa propia” [artículo 3.1.d) de la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Castilla y León]. El primer semestre de 2020 ha sido pródigo en la preparación de informes por propia iniciativa, a pesar de la terrible emergencia sanitaria, de las acciones extraordinarias vinculadas a la crisis económica y social y de los trabajos realizados para la elaboración del Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León en el ejercicio 2019.
Se ha aprobado por unanimidad del Pleno del CES, en su sesión de 17 de julio de 2020, el informe sobre Políticas públicas para combatir la pobreza en Castilla y León, preparado por su Comisión de Calidad de Vida y Protección Social, a partir del documento técnico redactado por un grupo de expertos dirigido por Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca. Se pretende con este informe contribuir a la definición de políticas que pongan “fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones”, lo cual constituye “uno de los desafíos a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”. La situación en España y la mayor parte de los países, que se ha visto ahora agravada de manera relevante por la crisis generada por la pandemia de COVID-19, “hace que se deba poner mayor énfasis en combatir las desigualdades, construyendo sociedades más justas e inclusivas, a través de trabajos decentes y las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido, creando trabajos dignos”.
En la Comisión de Mercado Laboral del CES se presentó el 7 de julio el documento técnico, solicitado para la confección de un informe por propia iniciativa, sobre Los mayores de 55 años en el mercado de trabajo de Castilla y León. Fue explicado por Ángel L. Martín Román, profesor titular de Análisis Económico de la Universidad de Valladolid, director del grupo interuniversitario (Valladolid, Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid y Nacional de Educación a Distancia) que lo ha preparado, acompañado por otros integrantes del mismo (Javier Martín Román, Alfonso Moral de Blas y Jaime Cuéllar Martín). Este asunto, de indudable trascendencia en Castilla y León, se hallaba huérfano de un estudio sistemático y transversal, imprescindible para la formulación acertada de propuestas y recomendaciones prácticas. Los propios autores afirman que no conocen “otro informe de estas características que simultáneamente haya procesado cinco bases de microdatos, haya profundizado en bases de datos agregadas a cinco niveles espaciales diferentes (internacional, nacional, regional, provincial y municipal) y haya hecho una revisión sistemática de la literatura científica sobre el tema para extraer sus principales conclusiones. Esta es la aportación metodológica que el equipo investigador quiere destacar. Esta variedad de información estadística y de procedimientos empleados nos hace confiar en la solidez de los resultados obtenidos y en la robustez de las conclusiones obtenidas”.
El documento técnico con el que la Comisión de Economía del CES elaborará el informe sobre El sector forestal en Castilla y León se presentó el 8 de julio. Lo hicieron Andrés Dieste y Pablo Sabín, en nombre de los autores, pertenecientes a la fundación CESEFOR, con sede en Soria y proyección internacional, que contribuye al desarrollo integral del sector forestal mediante la investigación, la innovación y el fomento de la sostenibilidad, en todos sus ámbitos productivos, priorizando la conservación de los recursos naturales. La extraordinaria importancia de la actividad forestal en nuestra Comunidad aconseja su plena configuración como sector diferenciado, con todo el despliegue institucional, empresarial, laboral y social que merece.
Castilla y León dispone de evidentes posibilidades de crecer en este sector. Indica el documento técnico que, “Según la contabilidad oficial, la cadena de valor de la madera, incluyendo las actividades de selvicultura y aprovechamientos maderables, la industria de madera, la de pasta y papel y la industria del mueble, aporta algo menos del 1% del Valor Agregado Bruto de la economía regional. Este valor está en línea con las medias nacional y europea, pero es la mitad del de Galicia, la primera comunidad forestal”. Además, este sector “emplea aproximadamente a 10.000 personas (pudiendo alcanzar en realidad los 16.000 empleos al ser incluidas las actividades forestales dispersas en otros epígrafes) y el desempleo representa un 6% de los empleados”. Por características y superficie forestal, ampliable por cierto, en nuestra Comunidad podría incrementarse, al menos, hasta el nivel de la gallega. Téngase presente, asimismo, el gran valor del sector forestal en la absorción de CO2, así como en la fijación de población en las zonas rurales, la conservación de la biodiversidad y otros sectores relacionados, entre los que se encuentran el turismo y el ocio.