Las organizaciones sindicales y empresariales vienen demandando, con el respaldo de concentraciones y actos, la firma de un pacto de reconstrucción social y económica de España. Lo hacen, además, predicando con el ejemplo, pues son dos ya los importantes acuerdos sociales en defensa del empleo suscritos por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME y el Gobierno, de excepcional relevancia, el primero el 11 de mayo y el segundo el 25 de junio. Sus contenidos se han incorporado al ordenamiento por obra del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, y el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. Este último inciso se refiere básicamente a la creación, regulación y dotación del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI).
El Real Decreto-ley 24/2020 prorroga hasta el 30 de septiembre de 2020 los ERTE por fuerza mayor regulados en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y mantiene la regulación especial dada, con motivo de la pandemia de COVID-19, a los fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como la protección por desempleo extraordinaria para los trabajadores afectados y el deber de salvaguarda del empleo. Se conservan, asimismo, pero matizadas en los porcentajes, las exoneraciones parciales en materia de cotización vinculadas a estos ERTE.
El Gobierno ha alcanzado un acuerdo, presente también en este último real decreto-ley, con ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos), UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) y UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores), dedicado a la extensión de las ayudas a este colectivo (exención total o parcial en la cotización de los que hayan percibido la prestación extraordinaria por cese durante el estado de alarma y regulación de distintos supuestos de la renovada prestación extraordinaria).
En estos acuerdos y, en consecuencia, en el Real Decreto-ley 24/2020, se manifiesta la intención de continuar con el diálogo social. Se formulan más encargos a la comisión tripartita laboral; se anuncian reuniones para tratar algunos extremos de la protección extraordinaria por desempleo y la búsqueda de un pacto por el empleo, a través de las cuatro mesas de diálogo constituidas con el presidente del Gobierno; y se define una comisión de seguimiento, con las organizaciones del trabajo autónomo, de las medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de este importante colectivo.
Hasta el otro interesante asunto abordado en este real decreto-ley, como me recuerda el profesor Julio Cordero, ha nacido igualmente del diálogo social, en este caso en el ámbito europeo: la incorporación al Derecho español de la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo, celebrado el 21 de mayo de 2012 entre la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COGECA), la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas.
Entre las conclusiones de la oportuna cumbre organizada por la CEOE (con activa participación de CECALE), clausurada el miércoles pasado, destacan su voluntad de continuar impulsando el diálogo social y la petición de un pacto estatal para lograr un marco estable y seguro para la reactivación económica y social. CCOO y UGT han seguido insistiendo en la imprescindibilidad de estos instrumentos, incluso con la convocatoria de concentraciones, las primeras de este tipo tras el estado de alarma, de ahí la etiqueta anfibológica “Vamos a salir”, el sábado, 27 de junio, con el lema “Por un pacto para la reconstrucción social de España”.
Esperemos que anime en este sentido la experiencia de Castilla y León en el diálogo social, instrumento que está funcionando bien en el ámbito estatal, y con el pacto político del 17 de junio. A ver si el amplio respaldo dado recientemente en el Congreso de los Diputados a la convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, conocido como el de la “nueva normalidad”, se extiende a la próxima aprobación de las conclusiones de la Comisión creada en esta cámara para la Reconstrucción Social y Económica.
Acordar y pactar, dos verbos emparentados por su origen etimológico con corazón (cor, cordis) y paz (pax, pacis), aparecen con fuerza de nuevo entre los que debemos conjugar con acierto para superar esta dura crisis.
