El otro fenómeno de mayor importancia que ha conllevado la pandemia en lo laboral ha sido el del auge del teletrabajo, consecuencia lógica de la imposibilidad de desarrollar la actividad presencialmente, si bien es obvio que esta nueva forma de trabajar sólo puede tener lugar en aquellos sectores u ocupaciones donde no sea esencial la prestación de forma presencial, con el gran avance de la digitalización en todos los ámbitos. Tengamos en cuenta que buena parte del teletrabajo que sigue desarrollándose a día de hoy tanto en el conjunto nacional como en la Comunidad es el de la modalidad extraordinaria instaurada por Real Decreto-ley 8/2020 y que, hasta que no se vuelva a una situación de normalidad tras haber sido superada la pandemia de la COVID-19, no resultará de plena y verdadera aplicación lo dispuesto en el posterior Real Decreto-ley 28/2020 de trabajo a distancia, que pretende regular esta realidad laboral de una forma ordinaria.
El CES reconoce que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, el teletrabajo ha contribuido a evitar una caída aún mayor de la actividad económica y a la protección del empleo al limitar la pérdida de actividad.
Desde el CES valoramos positivamente que el teletrabajo sea voluntario y reversible, que se garantice la igualdad de derechos de las personas que teletrabajan, sin perjuicio del desarrollo de su carrera profesional, la formación, el acceso a la información interna de la empresa, la participación y representación sindicales, las condiciones de salud y seguridad en el trabajo o la igualdad de género, poniendo además de manifiesto las eventuales dificultades que las PYMES pueden tener a la hora de poder acogerse a la regulación del teletrabajo y la necesidad de inversión en infraestructura digital y conexiones en todo el territorio.
A su vez, esta generalización del trabajo a distancia (prestación de la actividad laboral en el domicilio u otro lugar elegido por la persona empleada) que muchas veces será teletrabajo (es decir, trabajo a distancia mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación) en muchos sectores de actividad supone un efecto reflejo en otros aspectos de la realidad laboral; uno de los más importantes es una reducción de la siniestralidad laboral porque la exposición a los riesgos es menor en el domicilio que en los lugares de trabajo, además de que las personas que se encuentren en ERTES cuentan como personas afiliadas en situación de alta pero en realidad no desempeñan actividad laboral alguna, todo lo cual implica necesariamente una reducción de la siniestralidad laboral, tanto en términos absolutos como en términos de índices de incidencia.
No obstante, en el CES consideramos que la pandemia de COVID-19 ha repercutido directamente en la salud laboral, ya que se han generado nuevos riesgos, por ejemplo, los psicosociales derivados de la situación económica y social actual, riesgos derivados del incremento del teletrabajo o relacionados con trabajos emergentes. Es por ello por lo que pensamos que es necesario reforzar los mecanismos de prevención de riesgos laborales valorando el contexto actual.
También en el ámbito de las Relaciones Laborales, la pandemia ha implicado una evidente disminución de los despidos, de las conciliaciones individuales o de los asuntos judiciales resueltos en el orden social o incluso del importe abonado por el FOGASA, probablemente porque haya habido menos trabajo en activo y mayores suspensiones y reducciones de empleo.
Frente a toda esta problemática cabe destacar la reacción del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, con dos Acuerdos de 25 de marzo y 11 de noviembre de 2020 con medidas extraordinarias y en algunos casos complementarias de las adoptadas a nivel estatal, además de que el Diálogo Social local (diputaciones provinciales y municipios de más de 20.000 habitantes) ha seguido vigente a pesar de la pandemia, en bastantes casos también con la firma de Acuerdos.
En el CES consideramos necesario que los planes de reconstrucción en todos los ámbitos sigan siendo consensuados con la máxima participación política y social en nuestra Comunidad y que acometan la solución de los problemas generados por la presente crisis y profundicen también en la solución a los problemas estructurales de nuestra Comunidad, abriendo la puerta a un cambio de modelo productivo en Castilla y León, corrigiendo desequilibrios territoriales y problemas estructurales como son el envejecimiento o la despoblación.
Así, consideramos necesaria participación activa de los agentes económicos y sociales en la aplicación en nuestra Comunidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar la calidad del diseño de políticas y generar confianza, y todo ello porque consideramos que las reformas que se llevan a cabo con acuerdo de las partes tienen mejor acogida por las personas implicadas y es más fácil que perduren en el tiempo que los textos que se aprueban sin acuerdo.
