La realidad laboral mundial (y obviamente de nuestra Comunidad) durante 2020 y aún en el momento presente está totalmente determinada por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad asociada al mismo, la COVID-19, que llevó a la declaración de un primer estado de alarma en nuestro país el 14 de marzo de 2020 con el confinamiento domiciliario de la población para evitar contagios masivos, seguido de varias prórrogas y otros estados de alarma de intensidad variable dependiendo de la evolución de la crisis sanitaria, con la adopción de diversas medidas restrictivas pero sin llegar al confinamiento.
Y es que, no se trata únicamente de las muy negativas consecuencias que este virus ha llevado aparejadas en el desarrollo de la actividad económica y en el mercado de trabajo (recordemos incluso que durante dos semanas de abril sólo las personas que trabajaran en actividades esenciales pudieron desarrollar su actividad laboral presencialmente, regulándose para el resto un permiso retribuido recuperable todo ello en virtud del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, publicado en el BOE del mismo 29 de marzo), es que el análisis mismo del mercado laboral y la exposición estadística se ven necesariamente afectados.
En cuanto a las variables básicas del mercado de trabajo ha habido una disminución en 2020 de la población activa, de la población ocupada, de las personas asalariadas y de los contratos, tanto en el mercado laboral de la Comunidad, como en el conjunto nacional, rompiendo la tendencia positiva que se reflejaba en ambas variables desde 2014.
En 2020, el sector público ha sido responsable de la generación del nuevo empleo asalariado en todos los tramos de edad en Castilla y León, con una diferencia de 4 puntos porcentuales superior en la Comunidad respecto a la media nacional. Aun así ha sido necesario incrementar el personal en Sanidad, Educación y Servicios Sociales para hacer frente a la COVID. Sin embargo, estas contrataciones no se ven reflejadas en su totalidad en las estadísticas oficiales publicadas, al ser una parte de estas contrataciones de una duración inferior a los seis meses.
También, durante 2020 buena parte de las personas afiliadas a la Seguridad Social en situación de alta laboral no se encontraban desarrollando realmente su actividad laboral, puesto que estaban sujetas al mecanismo de protección de las personas afectadas por Expedientes de regulación temporal de empleo o de suspensión o reducción de jornada (ERTE) instaurado por Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo sucesivamente prorrogado que, además, fue ampliado por Real Decreto-Ley 30/2020. Este mecanismo de cobertura de personas trabajadoras y sus sucesivas prórrogas recoge una cláusula de salvaguarda de protección del empleo durante un período de seis meses que, en buena medida ha impedido una destrucción más intensa de puestos de trabajo, que es una cuestión novedosa en nuestra normativa laboral. Cabe hacer similares consideraciones respecto de las personas trabajadoras autónomas que estaban en situación de alta pero que en algún momento veían impedido el desarrollo de su actividad y se encontraban percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad. Obviamente esto debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar otros datos del mercado laboral, particularmente los de personas ocupadas.
En el Consejo consideramos que los ERTE, junto con otras medidas de protección social, llevan funcionando desde el inicio de la pandemia para proteger el empleo, las empresas, las personas trabajadoras autónomas, la economía y las familias. Es por ello por lo que valoramos positivamente la prórroga de los ERTE en los casos en que las circunstancias económicas lo hacen necesario, considerando esencial la financiación por parte de los poderes públicos de estas herramientas que han servido de contención de una reducción aún más lesiva del empleo, siendo medidas de flexibilización y agilización adaptadas a la situación laboral.
