Sobresale entre las funciones que encomienda al Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, emitir anualmente un informe general sobre la situación económica y social de la Comunidad correspondiente al ejercicio anterior, que remitirá a la Junta y a las Cortes de Castilla y León [artículo 3.1.h)]. Se trata de elaborar un documento que recopile, estudie y ordene los muchos y variados datos en esta materia, para ofrecer una imagen fiel de la realidad de Castilla y León en el año previo, y que formule recomendaciones.
El informe correspondiente a 2019 ha sido aprobado por unanimidad del Pleno del CES en su sesión de 17 de julio de 2020. Su elaboración ha venido marcada por la pandemia de COVID-19, tanto en la organización de las tareas y el desarrollo de los debates, como en la determinación del contenido de las meritadas recomendaciones. A nadie se le escapa la dificultad del acopio de la información estadística requerida en el periodo de confinamiento, con la oportuna suspensión de los plazos administrativos dispuesta con motivo de la declaración del estado de alarma. Tampoco puede olvidarse la incidencia de esta circunstancia en la celebración de las reuniones de las comisiones de trabajo, combinando la utilización de la intranet y las sesiones virtuales y, más tarde, presenciales, y en la preparación de la extensa documentación por los asesores externos y el equipo técnico del CES.
El proyecto de informe, no obstante, se ultimó en plazo y su texto fue fijado por la Comisión Permanente el 3 de julio, también por unanimidad, entonces y ahora en el Pleno gracias a un esfuerzo extraordinario, en tan difícil coyuntura, de generosidad y búsqueda del consenso, todo ello para unir propósitos y fuerzas en los numerosos asuntos en los que se puede coincidir en beneficio de la ciudadanía.
El interesante texto aprobado, tanto por los datos, su análisis y su sistematización, como por las propuestas presentadas, dispone de 1.330 páginas, estructuradas en dos tomos, que, a su vez, se dividen en tres capítulos, dedicados a la Economía, el Mercado Laboral y la Calidad de Vida y la Protección Social. Se realizan 588 recomendaciones en esos tres núcleos temáticos. Su formulación ha resultado distinta en el año 2020. Y es que, ciertamente, como se ha dicho, se trata de un informe de la situación económica y social de 2019 y, por ello, han de versar sobre los numerosos aspectos estructurales que se extraen de los datos recopilados y ordenados. Mas la aparición repentina e inesperada de la pandemia y de sus durísimas consecuencias, entre ellas la inmediata paralización intersectorial e internacional de la mayor parte de la actividad empresarial, así como la transformación inmediata de la normalidad en nuestras vidas, hábitos y dedicaciones, han cambiado profundamente el contexto de los estudios y debates vinculados a la aprobación de este informe. Así las cosas, el buen criterio de los consejeros y consejeras y de los miembros del equipo técnico han llevado a la debida introducción de esta nueva realidad, y la muy grave crisis sanitaria, social y económica, en la confección de las recomendaciones.
Esperamos en el CES que este informe anual sea de utilidad, desde la prudencia y el afán de servicio que caracterizan a esta institución, para la aprobación por la Junta y las Cortes de la legislación y las políticas públicas conducentes a la superación de la crisis y el progreso en bienestar de Castilla y León, conscientes de que, en expresión propia de la sabiduría popular de esta tierra, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
Manifiesto mi agradecimiento a las administraciones y entidades que han colaborado, también en tiempos difíciles, con la remisión de los datos solicitados, principalmente, por razones evidentes, en los ámbitos competenciales de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España, a los consejeros y consejeras del CES, a las organizaciones vinculadas al mismo, a los asesores externos y, cómo no, al personal de esta institución, que mantiene e incrementa sus ya elevados compromiso y calidad, hasta con el esfuerzo adicional exigido por el trabajo no presencial.
La reducción de la zozobra actual exige el compromiso de todas y todos, en el marco de la acción positiva de los poderes públicos, para ir abandonando la incertidumbre y recuperando la confianza, base de la reactivación social y económica, empresarial y del empleo, con concertación social y consenso político. Muchas gracias.
