Consulta el informe 2019
El CES de Castilla y León acaba de aprobar por unanimidad su informe anual, con un completo compendio de propuestas y recomendaciones que la sociedad civil organizada hace en cumplimiento de su labor consultiva hacia el Gobierno de la Comunidad y las Cortes de Castilla y León, en beneficio de toda la ciudadanía de Castilla y León.
En concreto y en materia económica hay que destacar que ante el nuevo escenario de crisis de 2020 el objetivo es recuperar un crecimiento económico sostenible, inclusivo, convergente social y territorialmente, y respetuoso con el medio ambiente que se dirija específicamente a la igualdad de oportunidades. Estos retos exigen una estrategia económica de gran alcance, unos objetivos políticos claros y un marco de gobernanza económica más coherente para poder revertir el impacto negativo. Las instituciones políticas, al igual que los agentes económicos y sociales, son piezas fundamentales para hacer frente a estos desafíos, anticipando los cambios necesarios y orientando los procesos de transformación.
En cuanto al sector agroalimentario, el CES considera necesarias mayores inversiones en modernización de regadíos, así como una mayor capacidad de embalse, ya que la mejor forma de combatir el cambio climático es la conversión de secano por regadío. También debe garantizarse una ambiciosa estrategia de exportación y acuerdos comerciales equilibrados para preservar la competencia justa. Esto es importante para compensar a nuestros agricultores, que cumplen las normas de producción más estrictas del mundo, cuando se ven expuestos a precios mucho más bajos de productos agrícolas importados que están sujetos a normas de producción mucho menos estrictas.
La pandemia generada por el COVID-19 ha puesto en entredicho el modelo actual de globalización industrial que se traduce en un factor de debilidad, produciéndose tensiones interiores cuando hay problemas de frontera, haciéndose visible la necesidad de poner en marcha mecanismos que permitan tener la seguridad de suministros necesarios de manera autónoma. En este sentido es prioritaria la renovación del III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación industrial de Castilla y León. En el Consejo consideramos que en el nuevo acuerdo habrían de abordarse temas como el nuevo modelo industrial y energético de la Comunidad, en el que se defina el modelo de sector industrial que necesita la Comunidad.
En materia de transición energética el CES considera que esta se ha de dar en tres aspectos: social, garantizando el mantenimiento y creación de empleo y, en su caso, la protección necesaria, implicando a los agentes económicos y sociales y a la Administración para que no se destruya tejido industrial y no se generen situaciones de abandono territorial; económico, estableciendo escalas de adaptación y plazos adecuados para que el cambio no implique una pérdida de competitividad de las empresas ni la economía; y ambiental, teniendo en cuenta los objetivos asumidos en el ámbito europeo e internacional. Todo ello especialmente en las cuencas mineras y áreas afectadas por la reconversión energética.
Dentro del sector servidos, el comercio es el sector dinamizador de la economía por excelencia, por ello en los periodos de recesión la gestión de la reactivación del comercio minorista es el principal punto crítico para la recuperación económica. Ahora asistimos a la mayor contracción comercial que ha vivido la última generación. Asimismo, ante el estancamiento de la actividad turística provocado por la crisis originada por la pandemia de COVID-19, es necesario poner en valor y establecer un apoyo especial al turismo de calidad, como una opción diferenciada y especializada de Castilla y León.
La sociedad digital es la gran apuesta por la recuperación, que ayude a ampliar las posibilidades de crecimiento de las empresas, especialmente de las Pymes, y a promover una transformación digital de los sectores productivos y en el conjunto de la administración pública. El CES considera que es necesario un impulso más intenso para alcanzar los estándares europeos y para la modernización de nuestra economía. En especial hay que destacar que el Consejo apoya la candidatura de León como sede de la Agencia Europea de Seguridad, que conllevaría la instalación del Centro Europeo de Competencia de Ciberseguridad Industrial, Tecnología e Investigación, lo que junto con el actual Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) activaría un importante núcleo sectorial tecnológico especializado.
En cuanto a la financiación autonómica, la nueva realidad ha puesto de manifiesto que es más necesario que nunca un avance en su estructura y en la seguridad jurídica de su implementación. Tras las sucesivas demoras se hacen más evidentes los problemas del continuo retraso en una reforma de la financiación autonómica que permita los recursos suficientes, con mayor motivo debido a la situación generada por la pandemia. La movilización de capital público va a ser clave en la próxima década para evitar el estancamiento económico, para alentar la inversión verde y en innovación y para cerrar la brecha entre territorios.
El informe del CES también analiza el tejido empresarial de la región, con peso predominante de empresas de pequeña dimensión, que son las que más problemas tienen para la obtención de financiación. El Consejo considera que hay que profundizar en la corrección de los obstáculos que pueden impedir su crecimiento. Una cuestión prioritaria para el desarrollo empresarial es apostar por un modelo de crecimiento apoyado en sectores innovadores e intensivos en conocimiento, donde las empresas apuesten por la tecnología para ganar productividad que sea vea reforzada con incentivos públicos.
Para el Consejo la competitividad de la economía depende cada vez más de la disposición de una red de transportes y nodos logísticos, ya que estos tienen un peso significativo dentro de la economía. Sin embargo, el nivel de inversión pública en Castilla y León lleva varios años en niveles históricamente bajos, y en el contexto actual la inversión podría volver a utilizarse como variable de ajuste.
La construcción de infraestructuras debería tener un valor primordial en la contribución a la recuperación y crecimiento del sector en los próximos años. La escasez de capital debería incentivar que la inversión creciera más en las zonas más desfavorecidas, permitiéndoles converger con el resto de la Comunidad aplicando medidas fiscales expansivas en áreas particularmente afectadas por situaciones estructurales heredadas. El informe del CES transmite la importancia desarrollar al máximo el Corredor Atlántico, en el que Castilla y León es una pieza fundamental. El CES considera que es imprescindible el nombramiento de un Comisionado del Corredor Atlántico en el marco de una Oficina del Corredor Atlántico para poder agilizar y coordinar la presentación a las convocatorias anuales del mecanismo Conectar Europa (CEF) de proyectos viables y susceptibles de obtener financiación europea.
