El shock económico que está produciendo la Covid-19 en la Unión Europea (UE) es exógeno, global, pero asimétrico. Además, si bien todos los Estados miembros de la UE estamos haciendo frente a la misma tormenta, no todos navegamos en el mismo barco y la solidez de las naves es muy distinta. Sin duda, esta realidad generará que las divergencias económicas entre los Estados miembros de la UE aumenten durante la pandemia y después, intensificando el proceso de divergencia territorial observado en la UE los últimos años[1].
Cuatro[2] son la menos las vías a través de las cuales la Covid-19 puede aumentar la divergencia económica dentro de la UE y dentro también de sus Estados miembros. En primer lugar, los costes económicos de la “Gran Reclusión” y la distinta intensidad y duración de las medidas de distanciamiento social y sus efectos sobre la actividad económica serán distintos en términos territoriales. Italia, España y Francia han hibernado parcialmente su tejido económico durante más tiempo que otros países como Alemania, Austria o Polonia. En segundo lugar, la especialización dentro del sector servicios de actividades mucho más sensibles la dimensión económica de la distancia social, como el turismo, ha generado que los países y las regiones de la UE con un mayor peso dentro del PIB del turismo, un 10% en la UE-27, y sectores vinculados al mismo se vean más perjudicadas. También aquí España (15% del PIB, datos Comisión 2020), Italia (13%), junto otros países todavía más dependientes del turismo como Croacia (25%), Chipre (22%), Grecia (21%) y Portugal (19%) notarán más el impacto económico negativo de la pandemia. En tercer lugar, el espacio fiscal a disposición de los países más afectados por la pandemia es inferior a muchos de los menos afectados. Basta recordar, por ejemplo, que Alemania, con una situación fiscal muy cómoda al inicio de la pandemia, ha podido adoptar, un impulso fiscal inmediato[3] 6 veces superior, en porcentaje de PIB, al de España y Portugal para estimular su economía nacional y para mitigar los efectos económicos adversos de la pandemia. Este impulso fiscal diferenciado dejará sentir sus efectos sobre las posibilidades de mantener un mercado único que siga beneficiando igual que en el pasado a todos los países de la UE, también a aquellos más perjudicados por la pandemia. Por último, la escasa estabilidad política de algunos de los países de la UE más castigados por la pandemia, como es el caso de España, y su elevado grado de polarización política[4], no facilitará la adopción de amplios acuerdos encaminados a transformar la economía y a sentar las bases para que un crecimiento sostenido en los próximos años facilite la recuperación los niveles de bienestar previos a la pandemia.
Ante este escenario muy probable de una mayor divergencia económica entre los países y las regiones de la UE producida por los múltiples efectos de la pandemia, la política de cohesión de la UE, cuya objetivo principal es reducir, o mantener dentro de unos niveles aceptables, las diferencias de renta y niveles de empleo entre las regiones europeas, ha adquirido un mayor protagonismo en los últimos meses y muy probablemente, si recibe el apoyo del Consejo Europeo y de Parlamento Europeo, será clave en el período 2021-2027. Desde casi el inicio de los efectos de la pandemia en el continente europeo se adoptaron las primeras medidas en materia de política de cohesión. Por ejemplo, la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+), aprobada en abril, ha otorgado a los Estados miembros una gran flexibilidad para transferir los recursos entre fondos y regiones, teniendo en cuenta las necesidades derivadas de la pandemia. En la práctica esta iniciativa significa que todas las reservas existentes de los Fondos Estructurales para 2020 pueden destinarse a paliar los efectos de la pandemia y que la financiación comunitaria en el ámbito de la cohesión alcanzará el 100%, en el período entre el 1 de julio de 2020 y 30 de junio de 2021.
Además, el aumento del protagonismo de la política de cohesión es un elemento fundamental del Plan de Recuperación para Europa presentado por la Comisión Europea el 27 de mayo, todavía pendiente de aprobar definitivamente. Dentro del mismo, la Comisión Europea ha propuesto la nueva iniciativa REACT-EU, cuyo objetivo es aumentar y adelantar el apoyo a la política de cohesión destinada a las regiones y países miembros. A través de esta nueva iniciativa, la Comisión defiende aportar 55 000 millones de euros más con cargo a la política de cohesión, a parte de los contemplados en el Marco Financiero Plurianual (2012-2027), de aquí a 2022, 50 000 millones de euros con cargo a la «UE para la Nueva Generación» en 2021 y 2022 y 5 000 millones de euros ya en 2020 mediante la adaptación del actual Marco Financiero Plurianual (2014-2020). Por último, con el objetivo de seguir garantizando un apoyo suficiente a las regiones y los Estados miembros más necesitados de la UE, la Comisión prevé mejorar, teniendo en cuenta los datos más recientes en ese momento, las asignaciones nacionales de cohesión en 2024. Esta revisión llevará a un incremento de hasta 10 000 millones euros para todos los Estados miembros.
En definitiva, la UE ha reaccionado ante la pandemia, entre muchas otras actuaciones entre las que destacan las propias de política monetaria adoptadas por el BCE o las nuevas posibilidades que abre el MEDE y la iniciativa SURE, a través de un incremento de la importancia y flexibilidad de la política de cohesión y de un aumento de los recursos asignados a la misma. Le corresponde ahora a los países y las regiones de la UE-27 aprovechar las oportunidades que nos ofrece este nuevo apoyo comunitario y crear las condiciones para evitar una mayor divergencia económica territorial.
[1] Una síntesis de los cambios recientes en la convergencia económica dentro de la UE y los factores explicativos nos la proporciona Odendhal, C. et al (2019): The big European sort. The diverging fortunes of Europe´s regions. CER.
[2] Un análisis detallado de las tres primeras nos lo ofrece Odendhal, C y Springford. J. (2020). Three ways COVID-19 will cause economic divergence in Europe, CER.
[3] Según Bruegel Datasets, junio de 2020. El impulso fiscal se define como gasto gubernamental adicional (nuevos recursos sanitarios, gastos vinculados a los ERTE o equivalentes, subvenciones a las pymes, inversión pública nueva) y cancelación o disminución de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social. No incluye garantías ni provisiones de liquidez (3 veces más Alemania que España en porcentaje de PIB), ni aplazamientos de pagos (8 veces más).
[4] Como nos recuerda (p.35) el reciente trabajo España y la crisis del coronavirus: una reflexión estratégica en contexto europeo internacional, presentado el 23 de junio por el Real Instituto Elcano, España está a la cabeza de las democracias en cuanto a polarización política interna.
