En su libro El Gran Nivelador, el historiador austriaco y profesor de la Universidad de Stanford Walter Scheidel argumenta que históricamente las grandes plagas, como la Peste Negra que asoló Europa a mediados del siglo XIV, tuvieron un efecto igualador en términos de la distribución de la renta y la riqueza. Ello se debió a que la enorme mortandad (se estima que entre el 30% y el 50% de la población europea murió debido a la peste bubónica c. 1347-1351), generó una enorme escasez del trabajo y aumentó su remuneración. No parece, sin embargo, que la covid-19 vaya a tener ese efecto nivelador, sino todo lo contrario. En primer lugar, afortunadamente, porque la mortalidad asociada a la covid-19 está muy lejos de la asociada a otras grandes pandemias del pasado. En segundo lugar, porque a diferencia de otras enfermedades infecciosas, como la mal llamada “gripe española” de 1918, no es la población joven la que tiene mayor riesgo de fallecer, sino la población de mayor edad, y como resultado de ello, “inactiva”.
En esta ocasión, todo apunta a que el efecto va a ser justo el contrario, debido al impacto desigual que la política de confinamiento y su efecto sobre la caída de la demanda agregada ha tenido sobre distintos tipos de trabajadores. Así, mientras que los trabajos susceptibles de realización mediante teletrabajo han seguido funcionando business as usual, aquellos no considerados como actividades esenciales se han visto obligados a cesar. De hecho, una parte relevante de la actividad económica ha cesado, ya por imperativo legal, ya por desaparecer la demanda de unos clientes obligados a permanecer en casa.
Gracias a la publicación de distintos estudios sobre las características de los empleos potencialmente “tele-trabajables” y de los empleos en sectores no esenciales (p. ej., Fana et al. 2020), sabemos que los segundos, los más afectados por el confinamiento y desempleo (o ERTE) se caracterizan por: (a) en términos generales no hay grandes diferencias en lo que se refiere a la distribución por géneros, ya que mientras que los hombres están sobrerrepresentados en algunas de estas actividades, como la manufactura o construcción, las mujeres lo están en el sector servicios, (b) un impacto diferencial importante en el empleo autónomo, con una mayor presencia en sectores que habrían tenido que cerrar para frenar los contagios, (c) mayor efecto sobre el empleo temporal, tanto por el mayor uso de este tipo de contratos en los sectores que han tenido que cerrar (en España el 37% frente al 27% de media), como por ser los primeros en perder en empleo con la caída global de la demanda, (d) mayor incidencia en el trabajo de baja cualificación (que supone el 39% del trabajo en el sector cerrado no esencial, frente al 30% de media), (c) salarios sensiblemente inferiores a la media -cerca de 2/3 de los trabajadores de los sectores que han paralizado su actividad tendría salarios bajos (en una clasificación de bajo/medio/alto). En contraste, los trabajadores de sectores susceptible de teletrabajo prácticamente ofrecerían una imagen inversa a lo anterior y, por tanto, mucho más favorable: salarios altos (o en menor medida medios), alta cualificación, baja tasa de temporalidad (20%) y una menor presencia de autónomos (11%).
En lo que se refiere a los sectores esenciales, el resultado es más heterogéneo, ya que incluyen segmentos de alta cualificación y salarios, como el de los profesionales de la salud, junto con otros, como puede ser limpieza, de baja cualificación y salarios. Esto último se refleja perfectamente en la distribución salarial de este sector, donde, en el caso de España, los trabajos con salarios altos, medios y bajos prácticamente se distribuyen de forma igual, 1/3 cada uno.
Lo anterior indica que el impacto económico y en términos de empleo de la gestión de la pandemia habría sido más intenso en términos negativos en aquellos sectores caracterizados por menores salarios, cualificación y estabilidad. Afectando, por lo tanto, a los trabajadores ya de por sí más vulnerables, entre los que hay un porcentaje significativo de inmigrantes.
El resultado esperable de lo anterior es que aumente la desigualdad de ingresos, algo altamente preocupante si tenemos en cuenta que, ayudada por los efectos de la Gran Recesión y la menor capacidad redistributiva del Estado de Bienestar, España ya estaba antes de la pandemia entre los países de mayor desigualdad de ingresos de la UE. La utilización generalizada de ERTEs en un primer momento, y la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital con posterioridad, son dos acciones de política económica que sin duda servirán para compensar parte de esta dinámica de aumento de la desigualdad, aunque no la neutralizarán totalmente. Afortunadamente, la existencia de un sistema nacional de salud universal ha evitado que la pérdida de empleo vaya acompañada en nuestro país, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, con la pérdida de prestaciones sanitarias, precisamente cuanto estas son más necesarias, y que la desigualdad de ingresos se traduzca por lo tanto en desigualdad de acceso a la salud. También afortunadamente, como refleja el reciente Barómetro de junio 2020 del CIS, parece que la crisis ha servido para que los ciudadanos tomen conciencia de la necesidad de respaldar el Servicio Nacional de Salud no sólo con aplausos sino fiscalmente (el 87% piensa que hay que dedicar son más recursos económicos al sistema). Esperemos, por el bien común, que ese reconocimiento no sea flor de un día.
Fana, M., Tolan, S., Torrejón, S., Urzi Brancati, C., Fernández-Macías, E, (2020): The COVID confinement measures and EU labour markets, JRC Technical Reports, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020
