Afirmaba con acierto António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, a finales del mes de abril, que “La pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud pública, pero es mucho más. Es una crisis económica. Una crisis social. Y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”. Añadía, entre otras atinadas reflexiones, que “La mejor respuesta [a la pandemia] es la que mitiga de forma proporcionada las amenazas inmediatas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos y el Estado de Derecho. Mirando hacia delante, nuestra labor de reconstrucción debe ser mejor. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se sustentan en los derechos humanos, proporcionan el marco para que la economía y la sociedad sean más inclusivas y sostenibles. El fortalecimiento de los derechos económicos y sociales aumenta la resiliencia a largo plazo. La recuperación también tiene que respetar los derechos de las generaciones futuras, potenciar las medidas climáticas encaminadas a neutralizar las emisiones de carbono a más tardar en 2050 y proteger la biodiversidad. El virus amenaza a todas las personas. Los derechos humanos favorecen a todas las personas”. Decía que “Todos estamos juntos en esto”, exhortación que no debemos olvidar y que da título al interesante documento de Naciones Unidas sobre la COVID-19 y los derechos humanos, de lectura muy recomendable, publicado entonces.
El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León se ha sumado oficialmente al Pacto Mundial de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Ha acordado en el pasado mes de julio, además, por decisión unánime del Pleno, la constitución de una Comisión para la citada Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. La necesidad de proceder a la transformación de los sistemas económico-productivo y de protección social, a fin de avanzar en libertad e igualdad, en progreso y bienestar social, se ha manifestado, aún más si cabe, como consecuencia de la terrible pandemia que padecemos y de sus consecuencias económicas, sociales, empresariales y laborales.
Se trata de superar la crisis desatada, conteniendo y sometiendo la COVID-19, con una “reactivación de la normalidad” basada en la implantación de un modelo sostenible, presidido en todo caso por la democracia y el Estado de Derecho, capaz de generar riqueza y bienestar, así como de acabar con la exclusión social y de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (del artículo 9.2 de la Constitución Española).
La sintonía con estos valores y principios constitucionales y con los fundacionales de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, recogidos por extenso en nuestro Estatuto de Autonomía, inspira los informes y propuestas que está aprobando el CES de Castilla y León para la superación de la muy grave crisis que atravesamos.
El impulso por el CES de la creación, con la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, del Premio Internacional a los Derechos Humanos “Escuela de Salamanca” responde a los fines mencionados y atiende la llamada de las Naciones Unidas, precisamente en la conmemoración de su septuagésimo quinto aniversario (1945-2020). En Castilla y León dispone de un significado especial hablar de los derechos humanos, porque, como explica el protocolo suscrito, citando el preámbulo del Estatuto de Autonomía, “La construcción doctrinal [por la Escuela de Salamanca] en el siglo XVI del Derecho de Gentes, origen del Derecho Internacional, y de la noción de derechos humanos, puede considerarse una de las contribuciones más sobresalientes realizadas por España a la comunidad internacional”. Devinieron “muy relevantes, asimismo, las aportaciones de la Escuela de Salamanca a la fundamentación del liberalismo económico primigenio. Se encontraron en la Universidad de Salamanca grandes pensadores como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Tomás de Mercado o Domingo de Soto, entre otros”.
Con este premio se galardonará desde Castilla y León, cuna de los derechos humanos, a las “personas, organizaciones, entidades e instituciones que sobresalgan por sus aportaciones relevantes al reconocimiento, la promoción, la garantía, la tutela o el estudio de los derechos humanos a nivel nacional o internacional”.
