La anhelada recuperación de la normalidad en el desarrollo de nuestra vida cotidiana pende de la superación de la emergencia sanitaria en la que nos hallamos. Las personas y las entidades necesitan seguridad, o apariencia de ella, para considerarse inmersos en su normalidad. Exigen, por ello, la existencia de un sistema capaz de controlar los riesgos, mediante instrumentos institucionales y técnicos debidamente regulados, que posibilite las adecuadas planificación y gestión de la prevención de los mismos.
La seguridad personal y la patrimonial son esenciales para el progreso social y económico. Al contrario, la inseguridad, y hasta la mera incertidumbre, dificultan tal progreso y, según su gravedad, llegan a conducir al retroceso y la crisis. La comunidad internacional y, en especial, las sociedades europeas y americanas han prestado atención notable en los últimos años a la seguridad frente al terrorismo, sobre todo tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Más tarde, la declaración oficial de quiebra del grupo Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008, desencadenó una larga y profunda crisis económica, que colocó la consecución de la certidumbre financiera entre los principales objetivos de la política nacional, europea e internacional.
Con todo, la garantía de la seguridad pasa necesariamente por la prevención de los riesgos para la vida, la integridad física y psíquica y, en general, para la salud. La sabiduría popular había informado ya, gracias también a la música ligera, de las tres cosas principales que hay en la vida: salud, dinero y amor. Prescindiendo ahora del análisis de la tercera, que queda para mejor ocasión, lo cierto es que salud y dinero se sustentan recíprocamente. Sin vida, sin salud, no se pueden ejercer los derechos con normalidad, ni disponer de bienestar, y sin dinero, sin recursos económicos, no resulta fácil mantener la salud, ni ejercer los derechos con normalidad, ni disponer de bienestar.
No son necesariamente incompatibles, como tampoco lo son, a pesar de lo que se diga, la libertad y la seguridad o el derecho a la salud y la ausencia de recursos personales para pagar la asistencia sanitaria. Y es que la democracia, en su versión más avanzada, la del Estado social y democrático de Derecho, constituye el marco imprescindible para garantizar conjuntamente seguridad y libertad, por obra del reconocimiento y la tutela de los derechos fundamentales. Asimismo, la salud pública y la individual requieren de la acción positiva de los poderes públicos, en los términos fijados por el artículo 9.2 de la Constitución. El sistema nacional de salud se ha convertido en uno de los pilares básicos del modelo constitucional. El acceso universal a una atención sanitaria integral, preventiva y asistencial, se considera una herramienta muy relevante para la promoción de la igualdad real.
El sistema nacional de salud, en un Estado social y democrático, dispone de naturaleza estratégica, pues afecta al primero de los derechos fundamentales: el derecho a la vida, compañero inseparable del derecho a la salud. Es imprescindible para la certidumbre personal y familiar, empresarial y social. En la actualidad, las sociedades democráticas con mayor progreso son aquellas que cuentan con un buen sistema nacional de salud.
La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba las políticas sanitarias y la situación de los sistemas de salud. Nos hemos percatado de nuestra vulnerabilidad ante epidemias o pandemias, cuyo control parecía suficientemente contemplado y gestionado. La grave situación muestra la importancia de reforzar los sistemas sanitario y sociosanitario, porque, sin normalidad, no puede protegerse eficazmente la vida y la salud, ni darse una reconstrucción justa tras la crisis social y económica.
En cualquier caso, sin la superación de la crisis sanitaria, no se producirá la plena reactivación de la actividad empresarial, social y administrativa, ni, por ello, de la economía y del empleo. La denominada desescalada, o transición en fases a la nueva normalidad, en cuya aplicación nos encontramos, pretende posibilitar la reactivación, para que, entre todos, mediante la iniciativa pública, empresarial, social y ciudadana, cuando se logre controlar totalmente la COVID-19, se torne a la normalidad y a la superación de esta dura crisis.
Y, atención, en el control del coronavirus y la evitación de posibles rebrotes de la enfermedad, todas las personas somos necesarias, no solo el personal sanitario y los investigadores, no solo las instituciones, las empresas y las organizaciones sindicales, empresariales y sociales, en general. A todas y todos nos corresponde la responsabilidad de esforzarnos por prevenir los contagios, con las consabidas reglas de distanciamiento e higiene, entre ellas el lavado frecuente de las manos y el uso de las mascarillas. Que no se le olvide a nadie.
