Las primeras semanas del año 2021 siguen marcadas por la pandemia de COVID-19. La difícil situación en la que nos hallamos inmersos, como demuestran los preocupantes datos epidemiológicos, con la amenaza que suponen las nuevas variantes del virus y un gran incremento, muy acelerado, de los contagios, se une a los esfuerzos institucionales y personales para controlar, con reglas más restrictivas, esta dura tercera ola. El dolor personal por los fallecidos, la solidaridad con los enfermos y la exigencia de evitar el colapso del Sistema de Salud han de sumarse, en este terrible momento (agravado por calamidades meteorológicas), al cumplimiento por todas las personas de las normas para protegernos del contagio, así como a la acción firme de los poderes públicos, a nivel estatal, autonómico y local, para garantizar la protección social y la conservación de las empresas y sus puestos de trabajo y facilitar la reactivación económica y social, con creación de empleo de calidad, bienestar e inclusión.
Estas necesarias líneas de actuación, en un nuevo año que debe estar presidido por la esperanza, podrían resumirse en seis palabras, cuyas letras iniciales forman un acrónimo coincidente con un término utilizado con frecuencia en el seguimiento de la pandemia (curvas): coordinación, unión, responsabilidad, vacunación, activación y solidaridad.
La complicación de la segunda ola de la pandemia en diciembre, mes difícil, como es sabido, para cumplir rigurosamente las medidas preventivas adoptadas, ha conducido al comienzo de la tercera en enero, con pésimas condiciones de partida. Enero se presenta como uno de los meses más duros desde la declaración del primer estado de alarma en marzo de 2020. Tienen que redoblarse los esfuerzos conducentes a la coordinación entre los gobiernos y las administraciones, apartando cualquier rencilla, y fomentarse la unión mediante el pacto político y la concertación social, buscando el acuerdo ante los efectos de esta desgracia compartida.
Solamente resulta posible superar esta gravísima crisis con tales instrumentos, siempre acompañados de la responsabilidad ciudadana e institucional para frenar los contagios, de la más rápida vacunación masiva, a fin de lograr la inmunidad de grupo antes de que acabe el verano, y la adopción de decisiones rápidas y eficaces para la protección social y la preservación de los servicios públicos, la actividad económica, las empresas (y los trabajadores autónomos) y las plantillas, a través de la aprobación de planes y medidas, renovados y vinculados también a la ejecución de los fondos europeos extraordinarios. A esto último, lógicamente, hacen referencia la activación y la solidaridad, tan propia del Estado social y democrático de Derecho.
Los objetivos imprescindibles, asumidos como sociedad e instituciones, para enero y las primeras semanas de febrero son: el control de la tercera ola antes de fin de mes (las vidas, la salud y la superación de la crisis lo demandan), la aceleración generalizada del plan de vacunación, la aprobación de nuevos programas de ayudas para los sectores más dañados y en materia de protección social, la prórroga de los ERTE y las medidas de apoyo a trabajadores y empresas aparejadas a estos (pronto y, en cualquier caso, con anterioridad al 31 de enero) y el diseño completo y la puesta en funcionamiento de los instrumentos para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, propiciando en todos los niveles el diálogo social y el máximo acuerdo parlamentario. Este Consejo Económico y Social, con sus informes, propuestas, estudios e iniciativas, seguirá intensificando su trabajo, en el marco de sus competencias estatutarias y legales, en pos del cumplimiento con participación de tales objetivos.
Entre las normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado vinculadas directamente a lo expuesto, ambas el 31 de diciembre de 2020, se encuentran la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (seguramente se aprobará en breve la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León; hasta entonces será de aplicación el Decreto 16/2020, de 30 de diciembre, de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio 2021), y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Además, el salario mínimo interprofesional para 2020 ha sido prorrogado, con efectos de 1 de enero de 2021, por la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre: “Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2021 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se prorroga la vigencia del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020”.
