El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (en la provincia china de Hubei) notificó un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad, determinándose posteriormente que fueron causados por un nuevo coronavirus. Este fue el origen de la terrible pandemia que ha asolado al mundo entero y que, más allá del impacto sobre la vida de millones de personas en todo el mundo, ha supuesto, y lo continúa haciendo, un duro golpe sobre la evolución de la economía a nivel mundial.
Profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, y por los niveles también alarmantes de inacción, el 11 de marzo de 2020 la OMS determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia.
Más allá de la conmoción causada sobre la vida de millones de personas en todo el mundo, la pandemia del nuevo coronavirus también ha asestado un duro golpe a la economía a nivel global. El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades y confinamiento de la población que se adoptaron para contenerla, han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial. Además, aunque la situación epidemiológica ha mejorado sustancialmente, los efectos negativos aún persisten.
Estos efectos están siendo generalizados y, en el caso de la economía española (y también la castellana y leonesa) es importante destacar el hecho de que, en el momento de aparición de la pandemia aún no se había logrado alcanzar los niveles previos a la anterior crisis financiera (2008).
Las notables diferencias entre esta crisis y la anterior están suponiendo una manera diferente de afrontarla por parte de las autoridades competentes. Así, en la crisis financiera de 2008, la explosión de la burbuja inmobiliaria y las quiebras bancarias se identificaron como las primeras causas y se optó por aplicar Medidas de ajuste presupuestario y de consolidación fiscal, Reformas estructurales para la competitividad y estabilidad financiera.
Ante la crisis actual, de carácter global, parece necesaria una respuesta de las políticas económicas contundente y coordinada, tanto a nivel nacional como a nivel europeo y mundial. El objetivo debe ser permitir que la actividad y el empleo se retomen tras el impacto de manera rápida, facilitando que no se interrumpa el flujo circular de ingresos de la economía y que continúe circulando el dinero entre los distintos agentes económicos.
Para ello, tanto el Gobierno de España como el Gobierno Autonómico, han presentado una batería de medidas cuyo objetivo es reducir el impacto de la crisis en las familias, los trabajadores y las empresas.
Por otra parte, el Banco Central Europeo ha adoptado una serie de medidas de política monetaria y de supervisión bancaria para mitigar el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía de la zona del euro y apoyar a los ciudadanos europeos, que se pueden resumir en:
- Ayudar a la economía a absorber la perturbación de la crisis actual.
- Mantener unas condiciones de financiación favorables.
- Respaldar el acceso al crédito para las empresas y los hogares.
- Asegurar que las preocupaciones a corto plazo no impidan la concesión de crédito.
- Aumentar la capacidad de financiación de los bancos.
- Mantener la estabilidad financiera mediante la cooperación internacional.
Entendemos imprescindible que la política fiscal y la monetaria se coordinen para que, ante la perspectiva de que la deuda pública aumente sustancialmente a lo largo de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, se garantice la sostenibilidad de la deuda y su carga se haga más llevadera y no comprometa el desempeño futuro de la economía.
La reducción en el número de contagios, el avance en el proceso de vacunación y las ayudas previstas del Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation EU, son algunos de los factores que dan cierto margen al optimismo. Los gobiernos y las organizaciones afrontan el reto de adaptar su estrategia, implementar soluciones tecnológicas y poner en marcha planes de continuidad para dar respuesta a las necesidades de empleados, clientes y grupos de interés. Las empresas quieren aprovechar las oportunidades que trae consigo la nueva realidad.
Entre estas oportunidades podemos citar el teletrabajo, la formación on-line, la ciberseguridad, el acceso a la sanidad on-line, nuevos usos de la impresión 3D (bioimpresión, impresión de herramientas y objetos de salud…), la implementación tecnológica de muchos servicios como la atención a personas mayores y colectivos desfavorecidos o el bienestar en casa, el ocio y entretenimiento o la cultura, cambios en los modelos logísticos y en el comercio electrónico.
La política económica debe reforzar sus apoyos a las compañías y así continuar velando por salvaguardar el tejido productivo mientras duren los efectos de la crisis. Por ello, desde el Consejo entendemos que todas las recomendaciones que planteamos este año en nuestro Informe tienen un largo recorrido y deben interpretarse en un contexto de medio y largo plazo.
Consideramos que, en los próximos meses, la intervención pública tendría que centrarse en evitar la destrucción del tejido productivo, reforzando y agilizando el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) viables. En este sentido, cabe recordar que para el Banco de España, las ayudas deben mantenerse hasta que la recuperación sea sólida.
También es necesario tener en cuenta que en la retirada de las medidas de estímulo se debería tener en cuenta la asimetría en los impactos de esta crisis para los diferentes sectores y empresas.
Es recomendable reducir las trabas administrativas para la realización de la actividad empresarial y que la política económica contribuya a mejorar el dinamismo del tejido productivo e incidir en aspectos como el tamaño y la innovación de las empresas. En ese sentido, los recursos procedentes del Fondo de Recuperación Europeo deberían contribuir en el avance hacia una administración pública moderna y eficaz, así como en el impulso y apoyo a la digitalización de las empresas, sobre todo de las pymes, que suponen casi la totalidad del tejido empresarial en Castilla y León. La digitalización puede actuar como un factor palanca para ganar competitividad.
