Otro de los problemas que se ha agravado significativamente por la pandemia, por sus consecuencias sociales, económicas y laborales, ha sido las especiales dificultades para la ciudadanía a la hora de mantenerse en su residencia habitual o acceder a una vivienda. Este hecho ha llevado a los poderes públicos a articular una serie de medidas extraordinarias en materia de vivienda por parte de las administraciones públicas para poder garantizar el derecho constitucional de una vivienda digna y favorecer la permanencia de las personas en situación de vulnerabilidad provocada por la COVID-19.
Se han establecido medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19 y se ha incluido un nuevo programa de ayudas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Además, se han introducido nuevas medidas de protección para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, además una serie de medidas para asegurar la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes.
En Castilla y León se han implementado medidas en materia de vivienda (https://bit.ly/2Svx3RE), relativas a viviendas de protección pública de promoción directa suscritos por la Junta de Castilla y León y sus entidades dependientes, además de la convocatoria de ayudas al alquiler, para arrendatarios de vivienda habitual en Castilla y León que, como consecuencia del impacto COVID–19, tuvieran problemas transitorios para pagar el alquiler, o para devolver los préstamos avalados por el ICO.
Las medias implementadas en 2020 para garantizar este derecho tienen su claro reflejo tanto en las certificaciones de ejecuciones hipotecarias que se inician e inscriben en los Registros de la Propiedad, como en los procedimientos de lanzamiento practicados. En Castilla y León fueron un total de 1.577, que supusieron una disminución del 29,6% respecto del año anterior, que fueron 2.239. El CES considera que es necesario desarrollar un plan integral de acción de vivienda incluyendo un conjunto coherente y visible para la ciudadanía de medidas destinadas a ayudar y reactivar, de forma sostenida, la oferta de viviendas sociales asequibles, y a luchar eficazmente contra el problema que esto supone para las personas más vulnerables.
En este contexto, recomendamos que la política de vivienda debería encaminarse a promover la accesibilidad y la asequibilidad de la vivienda, incrementando los esfuerzos en la oferta de vivienda social, y mejorando la eficacia de las ayudas a la vivienda. Estimamos necesario que las acciones llevadas a cabo para lograr estos objetivos cuenten con la consulta y participación de los agentes sociales y económicos implicados, antes de adoptar decisiones relativas a la política de vivienda.
La pandemia de la COVID-19 ha afectado a muchos ámbitos de la vida, y ha hecho que las costumbres del consumo se hayan visto modificadas, incrementándose el uso de internet y del comercio electrónico.
En cuanto al cambio de hábitos de las personas lo más destacado ha sido el incremento significativo en 2020 en todos los indicadores de uso de internet, según los datos del INE, debido a la situación de confinamiento provocada por la pandemia de la COVID-19. Así, el 90,7% de las personas de 16 a 74 años reconoce haber utilizado internet alguna vez (88,6% en el año anterior), un 81,5% manifiesta su uso al menos cinco días a la semana (un 8,4% más que el año anterior) y el 50,2% reconoce que ha comprado alguna vez a través de internet (un 6,1% más que el año anterior) constatando un aumento del comercio electrónico durante la pandemia y reafirmando la tendencia que venía experimentando en los últimos cinco años.
En este sentido, las administraciones públicas deben ir más allá y dar un paso decidido para, por un lado, ofrecer una mayor protección de los derechos de la ciudadanía sobre todo en tiempos de incertidumbre ante estas nuevas formas de consumo, y por otro, implementar de manera real y efectiva unas condiciones adecuadas de internet, en especial en el ámbito rural, a fin de ir reduciendo la brecha digital existente.
Otro ámbito en el que el impacto de la pandemia ha provocado cambios de hábitos sustanciales es el escolar. A partir del 16 de marzo de 2020, atendiendo al nuevo contexto de estado de alarma decretado por el Estado y en la aplicación de los criterios de contención de la transmisión del virus COVID-19, la Consejería de Sanidad suspende la actividad docente presencial y las actividades extraescolares en los centros de todos los niveles educativos de la comunidad de Castilla y León. Se continua con la actividad docente a distancia a través del Portal de Educación y las páginas web de los centros (https://bit.ly/3g71Opq).
A partir de este momento la Consejería de Educación crea nuevos protocolos y formas de actuar, durante la suspensión de las actividades educativas presenciales, para promover que el alumnado pueda continuar trabajando de forma no presencial. Se habilitan los canales y procedimientos necesarios para garantizar el derecho a la educación en todo el territorio, todo ello con el esfuerzo del profesorado, del alumnado y de las familias. Al retomar la presencialidad después de que se suspendieran las clases en el curso 2019-2020, se establecen nuevas medidas y protocolos de actuación de la vuelta a las aulas (https://bit.ly/34klQGd).
