del CES de Castilla y León
La paralización por la crisis del coronavirus de la actividad económica, inmediata e inesperada, de carácter intersectorial e internacional, y sus duras consecuencias están contrayendo la economía y poniendo en peligro la supervivencia de las empresas, principalmente de las más pequeñas, basadas habitualmente en el trabajo autónomo. Su afrontamiento requiere un extraordinario esfuerzo de reconstrucción impulsado por los poderes públicos, que han de inyectar liquidez a las empresas para que puedan retomar su actividad tras la pandemia (sin tejido empresarial no habrá recuperación célere), de extender la protección social (evitando la exclusión) y de cuidar los puestos de trabajo, con figuras laborales flexibilizadas como la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causa de fuerza mayor (ERTE por fuerza mayor), que deberían prorrogarse hasta que la COVID-19 deje de alterar el desarrollo de la actividad empresarial.
La superación de la pandemia en Castilla y León y el resto de España, objetivo prioritario por su vinculación a los derechos a la vida y la salud, que dio origen a la declaración por el Gobierno del estado de alarma (cuyas cuatro prórrogas, la vigente hasta las 00.00 horas del 24 de mayo, han sido autorizadas por el Congreso de los Diputados), y de la dura crisis económica y social exige la voluntad de llegar a acuerdos en el marco del diálogo social. La experiencia demuestra que las medidas así definidas disponen de una amplia legitimación social, que dota de mayor eficacia a lo pactado, sin perjuicio, por ocupar planos diferentes, de la importancia de otros dos ámbitos en los que el acuerdo deviene muy recomendable: los partidos con representación en las Cortes Generales y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. En definitiva, sin necesidad de un foro único, que se antoja inviable, sí deberían darse en todo caso, en busca de una reconstrucción justa económica y social, consultas a organizaciones profesionales, agrarias y del tercer sector y pactos nacidos del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, también a nivel autonómico, según las competencias, que cuenten después con el oportuno respaldo político. La financiación de estas medidas y su sostenibilidad presupuestaria pública necesitan de la implicación comprometida de la Unión Europea, que ha de ofrecer una respuesta distinta de la dada en la anterior crisis económico-financiera. Requiere, asimismo, la aportación por el Estado de una financiación extraordinaria a las Comunidades Autónomas, suficiente y acorde con sus necesidades reales. La reconstrucción justa demanda, por tanto, más Europa y más Estado social y democrático de Derecho.
Debe destacarse cómo la especial relevancia del diálogo social en nuestra Comunidad Autónoma, unida a la acertada disposición de las partes, posibilitaron que se alcanzara pronto, el 25 de marzo, un acuerdo, que contempla un Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas más vulnerables con motivo de esta grave crisis, entre el Gobierno de Castilla y León y las organizaciones sindicales y empresarial más representativas (CCOO, UGT y CECALE). Dicho acuerdo propició, como se explica en el preámbulo, la aprobación del Decreto-ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOCYL del 18), convalidado ya por las Cortes, que está dando lugar a la publicación de convocatorias específicas o sectoriales de ayudas y subvenciones.
Esta fuerza del diálogo social constituye un valor diferencial de nuestra Comunidad, por lo que debe convertirse en un instrumento eficaz para la elaboración de un Plan estratégico para la reconstrucción económica y social de Castilla y León y del correlativo Programa de medidas. Estos documentos, que se prepararían en el seno del diálogo social, habrían de verse complementados con un pacto político, impulsado por el Gobierno y acordado con los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León. Naturalmente, el Consejo Económico y Social (CESCYL), en virtud de las funciones previstas en el Estatuto de Autonomía, puede participar en ese proceso como institución propia basada en el diálogo, la participación y el asesoramiento técnico, integrada por expertos designados por la Junta y las Cortes de Castilla y León y por organizaciones sindicales, empresariales, agrarias, de la economía social y de consumidores y usuarios. Dispone el CESCYL, además, de un Grupo de Enlace con la sociedad civil organizada, formado por representantes de otras entidades autonómicas del tercer sector social.
El Plan estratégico y su Programa complementario tendrían que definir las medidas para el desenvolvimiento acertado de la denominada transición a la nueva normalidad, así como, por las razones antes indicadas, para la dotación de liquidez a las empresas, a fin de favorecer su supervivencia, el refuerzo de la protección social ante el incremento del desempleo, la potenciación de los servicios públicos, especialmente de los sistemas de salud, servicios sociales y ciencia, vinculados directamente a la contención y superación de la pandemia, y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
