de UGT Castilla y León
El día 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma en España en el que, entre otras medidas, se obligaba a la suspensión o se reducía a mínimos la actividad de la mayoría del sector servicios, salvo excepciones consideradas “esenciales”. Desde entonces, las restricciones a la actividad económica se han ido incrementando de manera progresiva en todo el país y en esta Comunidad. Estamos viviendo una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. A lo largo de los dos últimos meses, desde UGT hemos mantenido una posición sindical consecuente, marcada por un objetivo claro: alcanzar acuerdos políticos y sociales que refuercen las redes de protección en Castilla y León.
Los efectos de la crisis han diezmado el estado del bienestar. El Gobierno Autonómico se ha dado cuenta de que las reivindicaciones sindicales sobre las políticas públicas no eran un capricho. Desde UGT llevamos años reclamando una política fiscal más progresiva y un suelo de gasto público que dote con recursos suficientes a los servicios públicos esenciales para sostener así nuestro Estado Social.
Hoy más que nunca, exigimos una revisión crítica de las políticas públicas acompañadas de un marco presupuestario que favorezca su eficacia y eficiencia. También que garantice la cohesión social, la universalidad de los servicios esenciales y gratuitos de calidad y la completa cobertura social a todos los ciudadanos de Castilla y León.
Es difícil predecir las secuelas que conllevará esta crisis. La sociedad castellanoleonesa ha sufrido un daño irreparable: un número elevado de fallecidos por la COVID-19, un mercado laboral desestructurado y un fuerte debilitamiento de nuestros servicios públicos. La política de cohesión es la única política que ofrece carácter estable a los servicios esenciales.
Hemos pasado años sufriendo políticas de austeridad con gobiernos que han menospreciando lo público en beneficio de lo privado y modificando de manera estructural el mercado de trabajo para adaptarlo a los intereses de los grandes holdings empresariales. Exponer qué va a pasar cuando finalice el periodo de desescalada e incorporación progresiva a los puestos de trabajo es moverse en suposiciones y deseos más que en algo tangible y constatable. Somos conscientes que la vuelta a la actividad productiva debe de ser un proceso equilibrado de transición que no ponga en peligro la salud y la vida de las personas. El proceso de reincorporación debe de ser tutelado por un diálogo social fluido a nivel de empresa y sector en los centros de trabajo. Además, es imprescindible que se tenga en consideración la posición de los representantes legales de los trabajadores si se desea un proceso ordenado de vuelta a la actividad.
Debemos ser conscientes que la “normalidad” será diferente y cambiante, adoptando las medidas oportunas según las necesidades. La deshibernación controlada, la existencia de EPIS en los centros de trabajo, la distancia de seguridad, la organización de la circulación de personas, la seguridad en el transporte público o la existencia de planes de contingencia en las empresas hará que nuestro modelo laboral cambie y nos ponga en una situación inédita donde se requiera la colaboración de todos los estamentos (trabajadores, organizaciones sindicales y empresarios). Esta situación es parte de la solución y parte del problema. Se reincorporan al mercado laboral cientos de trabajadores, pero esa recuperación económica no se traduce en una recuperación social. La gestión de la pasada crisis de 2008, que afectó al conjunto de la economía, supuso una muestra de aquello que debemos evitar: alimentar la recuperación económica a costa del sacrificio y la precarización de los trabajadores generando una fractura social durante años. No cometamos los mismos errores.
Para evitar un desplome del mercado laboral, desde UGT apostamos por prolongar los ERTES con una finalidad clara: impedir que por una situación transitoria de crisis se produzca una avalancha de despidos y extinciones de contratos. Actualmente, los datos de desempleo son muy preocupantes: 3.831.203 personas en España, 166.354 en Castilla y León. Además, se han presentado 33.461 ERTES que afectan a 192.737 trabajadores. Se ha demostrado que los ERTES son una alternativa al despido y el instrumento en el que basar la reforma de las relaciones laborales para recuperar nuestro tejido productivo.
Esta crisis ha remarcado la necesidad de realizar reformas pendientes que debemos abordar de forma inmediata. La reactivación de la economía y del empleo debe simultanearse con la protección de los derechos laborales y sociales. Es importante salir de esta crisis de forma solidaria, sentando las bases de un futuro equilibrado, duradero, sostenible y socialmente justo. No podemos olvidar que la recuperación económica no puede ser un trasvase de recursos de los asalariados hacia la clase empresarial, siendo necesario una mayor implicación y responsabilidad por parte de los segundos, de las empresas.
Una vez que aminore la crisis sanitaria, es importante volver a la actividad en los sectores productivos que se encuentren paralizados con el fin de paliar los daños en nuestra economía. Los cambios socio económicos que debemos afrontar deben servir para revertir gran parte de las políticas anteriores y avanzar en una sociedad de progreso y justica social, y para ello, requerimos una renta mínima vital a los más necesitados.
Decía Bertolt Bretcht “Quien no ha compartido la lucha compartirá la derrota”, por tanto luchemos todos juntos para salir de esta crisis social y económica en la que estamos inmersos. El proceso de desmantelamiento progresivo de las medidas de suspensión de la actividad económica se debe guiar por dos criterios: la cautela y la protección de la salud de los trabajadores. Todos juntos podemos conseguirlo.
