En diciembre de 2019 entra en la escena mundial la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 cuya rápida expansión impacta de forma abrupta en todos los ámbitos de la vida. A primeros de 2020 se dan a conocer los primeros casos en España y su meteórica propagación obliga al Estado a tomar medidas políticas y de salud pública de forma inmediata y sin apenas tiempo de reacción. Las características particulares del coronavirus y la enfermedad que provoca la infección desatan una crisis pandémica de naturaleza impredecible y única. Su evolución y las medidas tomadas por las administraciones públicas han alterado profundamente el comportamiento de la ciudadanía que ha ido cambiando también de manera progresiva y distinta a otras crisis. En este sentido, la crisis sanitaria derivada de la pandemia y los efectos de esta en ámbitos como el sanitario, educativo, social, cultural, medioambiental, económico o el cuidado y protección de las personas, aún no han finalizado, muchas de las consecuencias se están desarrollando, lo que hace muy difícil anticipar su impacto global en el conjunto de la población.
Castilla y León, a pesar de haber logrado a lo largo de más de cuatro décadas una aceptable aproximación a la media de los niveles de bienestar social de la Unión Europea, los sistemas que lo configuran -sanidad, educación, protección social, o cuidados de larga duración- no se habían recuperado totalmente de la crisis financiera de 2008. Esta situación, unida al impacto de la crisis sanitaria viene a sumarse a la fragilidad de los sistemas, conformando un nuevo escenario extraordinario cuya deriva incierta se prevé mantenida a largo plazo.
La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 confina a la población en sus casas como medida prioritaria de salud pública contra la explosión de la infección y frente al contagio masivo. Una situación seguida de forma inmediata por la puesta en marcha de medidas extraordinarias tanto de carácter sanitario, como laboral, económico, social, educativo, en materia de servicios sociales, e incluso en justicia, de efecto urgente en todos los órdenes posibles de actuación e intervenciones de las administraciones públicas. Se habilitan fondos extraordinarios del Estado para la comunidad autónoma para hacer frente a una crisis de gravedad desconocida, generando todo ello una actividad y producción legislativa sin precedentes.
El Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, reguló la creación de un Fondo COVID-19 por importe total de 16.000 millones de euros y establecía las reglas relativas a su distribución y libramiento. El objetivo de este fondo era dotar a las comunidades de la financiación necesaria para hacer frente a la pandemia y garantizar unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos. Por ese motivo, el fondo se distribuyó en varios tramos atendiendo al impacto que la COVID-19 ha tenido en la sanidad, la educación y en la actividad económica.
Para la finalidad sanitaria se asignaron 9.000 millones, de los cuales a Castilla y León le correspondieron un total de 544,82 millones. Para el gasto educativo se asignaron 2.000 millones, correspondiendo a Castilla y León un importe de 84,04 millones. Finalmente, un bloque de 5.000 millones se repartió para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica, con una asignación de 214,57 millones para Castilla y León.
El total de las aportaciones recibidas por Castilla y León ha sido de 843,44. Este fondo no es reembolsable, por lo que no se tendrán que devolver ni generará deuda ni intereses.
Desde el punto de vista sanitario, el impacto de la pandemia tuvo su máxima expresión, en la mortalidad, indicador que en 2020 alcanza niveles sin referente anterior poniendo de manifiesto la naturaleza letal del coronavirus unida a la rapidez de propagación, de tal modo que en el primer semestre de 2019 en Castilla y León hubo 15.194 fallecimientos cuando en el mismo periodo de 2020 murieron 19.483 personas; estas cifras provisionales elevan la tasa estimada de ese periodo hasta el 16,32‰. Según estimaciones del INE-Proyecto EDeS, los datos indican que el impacto de la COVID-19 sobre la mortalidad reviste mayor gravedad. La variación porcentual del número acumulado de defunciones estimada con respecto al 2019 se sitúa en el 29,42% (en España el 20,78%) (https://bit.ly/3xlxr4t) muestra la severidad del brote COVID-19, en Castilla y León, situándola entre las tres Comunidades Autónomas con mayor número porcentual de defunciones de España.
Sin acudir a las estimaciones, los datos de fallecimientos vinculados al coronavirus, según el registro de bajas de tarjetas sanitarias de SACYL, ascienden al menos a 7.847 desde marzo a diciembre de 2020 y acumula en ese periodo 136.098 contagios detectados mediante las diferentes pruebas diagnósticas utilizadas (PCR, anticuerpos y antígenos). Estas cifras se han acumulado fundamentalmente en las dos olas de mayor afectación, entre marzo y mayo y entre octubre y diciembre, aunque el goteo de casos de personas afectadas ha sido constante durante todos los meses.
