Nos encontramos inmersos de plano en la segunda ola de la pandemia de COVID-19. Su evolución en las últimas semanas retrotrae nuestras mentes al mes de marzo. Ahora, casi nueve meses después, con el recuerdo emocionado de quienes han fallecido y con el deseo de la pronta recuperación de los que enferman, la ciudadanía dispone de mayor conocimiento sobre la COVID-19 y su prevención. También los profesionales de la sanidad, en la asistencia, la investigación y la docencia, así como los poderes públicos y las autoridades sanitarias, en concreto, han avanzado en la comprensión de la etiología de esta enfermedad y su tratamiento. Se ha sucedido la aprobación de medidas por los gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas para el control de la pandemia y su posible sometimiento.
La pandemia está ocasionando una profunda crisis económica y social. Su gravedad es tal que pronto se empezó a hablar, y ahora más todavía, de reconstrucción, como noción que expresa la necesidad de abordar con participación y firmeza, mediante acciones positivas dirigidas a la resiliencia y la reactivación, la superación de una de las crisis más duras de nuestra época. Estas acciones positivas han de conducirnos a un modelo de desarrollo sostenible, preocupado por fortalecer el Estado social y democrático de Derecho y por robustecer los derechos y libertades, las políticas medioambientales y las sociales.
Los repuntes de la primera ola llegaron en la nueva normalidad antes de lo esperado y el respiro para la actividad económico-empresarial ha sido menor del anhelado. De la uve, se pasó a la uve asimétrica y ahora a una cadena de uves dobles a modo de dientes de sierra poco afilados. La segunda ola nos ha trasladado a una nueva anormalidad, situación que requiere que ejerzamos con responsabilidad y gran compromiso social nuestros deberes ciudadanos. Nunca antes, al menos para la mayor parte de nosotros, ha sido tan necesaria la participación social y la colaboración entre la ciudadanía y los poderes públicos, imprescindibles para la vida y la salud, la supervivencia de las empresas y el empleo con derechos, la evitación de la pobreza y la garantía de los derechos y libertades, la igualdad real y la protección social.
Decíamos en la presentación del último Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León que esta terrible situación solo se supera con decisiones que favorezcan la confianza en las medidas, la concertación social, el consenso político y el compromiso ciudadano. Nos espera un noviembre tremendamente duro. Nos quedan meses especialmente difíciles. Somos conscientes de que la nueva anormalidad nos exigirá más esfuerzos individuales y colectivos. Las empresas, los empleados públicos, los trabajadores por cuenta ajena y autónomos y las organizaciones que defienden los derechos e intereses de los diversos colectivos sociales, entre ellos los sindicatos y las asociaciones empresariales, habrán de desplegar su labor de manera aún más intensa, la cual se unirá a la actividad reforzada de los gobiernos y los servicios públicos que nos curan, cuidan y protegen.
El nuevo estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, diferente del aprobado en marzo en el alcance de sus medidas y su forma de gestión, así como los Acuerdos 9/2020, de 25 de octubre, 10/2020 y 11/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad competente delegada, y los Acuerdos 73/2020, de 23 de octubre, y 74/2020, de 25 de octubre, de la Junta de Castilla y León, delimitan principalmente, en este momento, el marco normativo de la segunda ola. De seguro, por desgracia, a la vista de la mala evolución de los datos epidemiológicos y el galopante incremento de los contagios, estas decisiones habrán de verse endurecidas, incluso con confinamientos domiciliarios, por lo que las medidas socioeconómicas dirigidas a empresas, trabajadores por cuenta ajena y autónomos, desempleados y personas en riesgo de pobreza y exclusión social, tendrán que ampliarse en todos los niveles competenciales (Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos).
Estoy convencido, en cualquier caso, de que la ciudadanía de Castilla y León, siempre cumplidora de sus deberes e implicada en la atención del interés general, pensando en el presente y el futuro de las personas de nuestra Comunidad y del resto de España, de la Unión Europea y del mundo, afrontará con inteligencia, generosidad y resistencia estos tiempos difíciles, y también como homenaje a quienes se fueron, pero viven en nuestras almas.
