La actual crisis provocada por la inadecuada gestión de la pandemia de la COVID-19 ha evidenciado de forma contundente las debilidades del actual modelo de gestión de la prevención. Un modelo que en el actual tejido empresarial conformado por pymes y micro pymes, pone su énfasis en la externalización de la gestión de la prevención mediante la contratación de un servicio de prevención ajeno y que habitualmente suele poner un mayor interés en la consecución de beneficios económicos mediante la reducción de servicios, en detrimento de la importancia y necesidades de la salud laboral. Tal y como la gestión de la pandemia ha mostrado con las elevadas cifras de siniestralidad.
Hay que reforzar el Diálogo Social en las políticas preventivas. La Salud Laboral debe ser la herramienta mediante la cual los servicios de prevención han de velar por la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto en este marco, estas entidades mediante su comunicación con los delegados y delegadas de prevención deben ser figuras clave para la implantación y desarrollo de un adecuado plan de prevención que pueda llevarse a cada empresa con éxito.
Para ello los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar si la empresa está aplicando las medidas preventivas adecuadas en función de los escenarios de exposición al riesgo, llevando a cabo una evaluación individualizada de los riesgos a los que los trabajadores y trabajadoras de la empresa están expuestas, teniendo en cuenta factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad de cada una (edad, género, etc.)
La actual situación generada por la gestión de la COVID 19 ha evidenciado problemas muy serios en un carente modelo (fundamentado en la externalización) que ha derivado en el colapso de una gestión preventiva que se ha demostrado ineficaz para la gestión del riesgo de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2. Desenmascarando la negligente configuración de la prevención que se rige con criterios economicistas y no como un derecho de los trabajadores y trabajadoras a preservar su salud.
Desde CCOO hemos venido denunciando hace tiempo este modelo, hay que intervenir en un sistema excesivamente burocratizado, que se queda en la superficie y que fracasa en un cometido tan importante como es el de integrar la prevención en la empresa. Poniendo en valor una de nuestras principales reivindicaciones, la asunción por parte los servicios de prevención ajenos de la verdadera responsabilidad de sus servicios; evaluar de manera fehaciente todos los riesgos laborales de los puestos de trabajo para poder evitar cualquier accidente o enfermedad laboral (realizando propuestas de adaptación de los puestos de trabajo, promoviendo cambios organizativos de distribución de tareas, favoreciendo la implantación del teletrabajo, etc.)
Por lo tanto, podemos afirmar que existen importantes carencias que deberían ser reparadas, ya que los servicios de prevención ajenos no están funcionando como deberían, pues trabajan como una consultoría de las empresas que los contratan, aplicando de forma estandarizada unos principios preventivos genéricos.
A esto se añade otra importante fisura, como son los bajos ratios técnicos de prevención por empresas/clientes, tan desequilibrados que es imposible que el personal técnico disponga del tiempo y recursos necesarios para que realicen su trabajo con unos mínimos de calidad.
Sin duda alguna, la actual pandemia de la COVID-19 ha sido una prueba de fuego para el presente modelo de prevención diseñado con la ley 31/1995 y que ha evidenciado que necesita una revisión en profundidad que nos conduzca a un modelo vivo y proactivo por todas las partes implicadas.
Por lo tanto, es el momento de ir sentando las bases de un esquema preventivo que aborde de forma contundente la mercantilización del sector y la integración en los servicios públicos sanitarios un sistema de vigilancia de la salud conformado por especialistas en medicina del trabajo, con criterio y con capacidad de decisión en la calificación del origen de las enfermedades y las alteraciones de salud. En definitiva, un modelo preventivo que garantice su permeabilización en todos los ámbitos de la actividad laboral de nuestro tejido empresarial que permita avalar con garantía la salud de los trabajadores y trabajadoras mediante la participación coordinada y sistemática de todos los actores implicados, Administraciones, organizaciones sindicales y empresariales, Servicios de prevención, Delegados de Prevención y Trabajadores y trabajadoras.
