La autonomía de las partes siempre es un valor positivo

Zamora 1996. Javier Fernández, secretario general de CCOO de Castilla y León, firmante del primer ASACL en este mismo año, preside la mesa en un acto del CESCYL como vicepresidente sindical de la Institución.

Se cumplen 25 años de la firma en Castilla y León del primer acuerdo para la Resolución Autónoma de Conflictos Laborales, evento que viene siendo glosado con razón por diversas personas y entidades a lo largo de este año.

  La cosa no es nueva, ya en la dictadura de Primo de Rivera, en los años 20, se crearon los Comités Paritarios de Empresarios y Trabajadores para intentar mejorar las relaciones laborales, muy deterioradas por la actuación autoritaria de los gobiernos, incluso con el recurso al propio ejército durante una época de enfrentamientos violentos entre organizaciones de trabajadores y partidas impulsadas por algunas patronales.

  Con otro enfoque mucho más abierto y democrático, la II República instituye los llamados Jurados Mixtos, que tienen un relativo éxito a pesar de su corta duración, por razones obvias, y del intento de boicot por parte de organizaciones de trabajadores muy importantes en la época, como la CNT, con planteamientos divergentes de este modelo.

  Por supuesto, toda referencia a estos modelos desaparece después de la guerra civil, cuando se establece un modelo laboral prácticamente militarizado y arbitrario, sujeto al corporativismo del Sindicato Vertical. Sin embargo, podemos considerar la Ley de Convenios Colectivos de 1958, en el marco del Plan de Estabilización orientado por los nuevos dirigentes tecnócratas del régimen, como la apertura hacia una mayor autonomía de empresas y trabajadores para empezar a negociar las condiciones laborales, en múltiples ocasiones por fuera de los estrechos márgenes del Sindicato Vertical, lo que contribuye a desarrollar en España un movimiento sindical más moderno y democrático, pero esa es otra historia.

  Hay que esperar a ese año de 1996 para que sindicatos y empresarios (en Castilla y León, CC.OO., UGT y CECALE) firmen el primer acuerdo sobre solución autónoma de conflictos, conocido como ASACL, precedente del actual SERLA y producto de las negociaciones abiertas a partir de la Huelga General de 1988 y de la Propuesta Sindical Prioritaria, elaborada por los sindicatos, que se prolongaron durante un tiempo y que fueron realmente complejas y dificultosas.

  El mencionado ASACL, amparado en leyes tan importantes como el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, consolida la nueva filosofía de autonomía de las partes, desapareciendo incluso el arbitraje obligatorio, utilizado casi siempre para quitar la razón a una de ellas, generalmente los trabajadores, y establece bien claro que solo se asistirá al arbitraje de mutuo acuerdo, abundando en esa autonomía.

  El desarrollo posterior del SERLA dota de madurez a este proceso. Es aprobado y constituido sin reservas por ninguna de las partes, al igual que sus modificaciones de 2016 y 2019, donde, por cierto, la penúltima establece bien claro la responsabilidad y la obligación de la financiación de este instrumento por parte del Gobierno Regional de la Comunidad.

  Y esto es así porque la democracia lo es si es democracia organizada y tiene instrumentos establecidos para el reconocimiento de las fuerzas que actúan en la sociedad, y para su encuentro, diálogo y negociación pacífica, justo frente a los populismos con aparentes soluciones fáciles para problemas complejos, o a los autodenominados líderes, que haciendo tabla rasa de la complejidad de los intereses y de las organizaciones que representan estos intereses, pretenden resolver directamente todos los problemas.

  Por eso el viejo ASACL, el actual SERLA y otros organismos participativos, como el propio Consejo Económico y Social (CES), son tan importantes y no se pueden minusvalorar, ni reducir su papel. Por ello, la obligación de cualquier gobierno que se considere a sí mismo democrático es la de contribuir a su perfeccionamiento y desarrollo, so pena de favorecer la aparición de fórmulas autoritarias, que ya sabemos lo que significan y también de su incapacidad para resolver los problemas que la sociedad naturalmente tiene.

 No se trata de negar el conflicto, sino de establecer los cauces democráticos y participativos para que los conflictos se resuelvan.

Javier Fernández

Exsecretario General de CCOO de Castilla y León, firmante del primer ASACL