La aplicación de la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores en Castilla y León (Primera parte)

Tomás Montero Hernanz. Universidad de Valladolid. Miembro del Plan de Trabajo del Proyecto de Investigación “La reforma penitenciaria; necesidades del sistema y modelo de ejecución penal” de la Universidad de Valladolid

I. Presentación.

La aprobación de la LORPM era un imperativo derivado, entre otras razones, de la ratificación por nuestro país de la Convención sobre los Derechos del Niño, que de esta forma incorporaba a nuestro derecho interno los estándares internacionales en la materia.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante LORPM), supuso la modificación de la edad mínima y máxima de responsabilidad penal de los menores de edad que, desde su entrada en vigor, afectaría a mayores de 14 años y menores de 18 años, con una previsión inicial de aplicación, en determinados supuestos,  a los mayores de 18 años y menores de 21, previsión que, sin embargo, nunca llegaría a entrar en vigor y que fue derogada en la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre.

En el presente trabajo se lleva a cabo un resumido análisis estadístico de lo que la aplicación de tal norma ha supuesto en Castilla y León, que permita obtener una foto panorámica de la delincuencia juvenil.

Para ello se utilizan los datos de la “Estadística de Condenados: Menores” que anualmente elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ella se investigan diferentes aspectos de las inscripciones de los menores condenados contenidas en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, tanto de índole sociodemográfico (sexo, edad y nacionalidad) como de carácter criminológico (tipología de la infracción cometida, medidas impuestas y lugar de condena). Sus resultados se publican a nivel nacional y autonómico en la página web del INE. 

La publicación se lleva a cabo en el mes de septiembre del año siguiente al de referencia, por lo que en el momento de elaborar estas notas los últimos datos publicados se corresponden a 2018.

II. La población en edad penal juvenil

Previamente al análisis de los datos, es de interés una contextualización de la población objeto de la LORPM. Desde su entrada en vigor en 2001, hasta 2018, la población menor de edad susceptible de responsabilidad penal ha experimentado un descenso continuado, pero con algunos matices reseñables:

  • Mientras a nivel nacional se observa un repunte desde el 2014, en Castilla y León el cambio de tendencia no se ha producido hasta el 2018.
  • El descenso en nuestra Comunidad de la población de entre 14 y 17 años en 2018 respecto a 2001 es de un 24,7%, mientras que a nivel nacional ese descenso es “solo” de un 4,31%.  Esto ha hecho que en esta franja de edad Castilla y León ha pasado de representar un 5,57% del total nacional a un 4,35%.
  • A nivel global, mientras la población española creció en 2018 respecto a 2001 en un 13,63%, Castilla y León descendió en un  2,83%.

III. Evolución Castilla y León

La tabla siguiente agrupa los datos de la aplicación de la LORPM en nuestra Comunidad desde 2007, año en que se modificó el sistema de recogida de información. Hasta el 31 de diciembre de 2006, la recogida de la información se realizaba trimestralmente mediante un boletín en papel que cumplimentaban los Juzgados de Menores por cada sentencia dictada. A partir de 2007, con base en el Acuerdo de Colaboración suscrito entre el INE y el Ministerio de Justicia en julio de 2007, se ha cambiado la fuente primaria de los datos para elaborar esta estadística, con la finalidad de mejorar la cobertura y calidad de la misma. Se realiza una explotación del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, a partir de las sentencias firmes inscritas en el mismo.

IV. Información por provincias

Las tablas que a continuación se exponen refleja la evolución que en los últimos cinco años han experimentado los menores condenados, las infracciones cometidas y el número de medidas impuestas en cada una de las provincias de Castilla y León.

En ellas se aprecia que las cuatro provincias más grandes (Valladolid, León, Burgos y Salamanca) acumulan más del 60% de los casos (64,28% de menores condenados en el periodo 2013-2018).

  • 4.1 Menores Condenados
  • 4.2 Infracciones cometidas
  • 4.3 Medidas impuestas

Tomás Montero Hernanz

Universidad de Valladolid. Miembro del Plan de Trabajo del Proyecto de Investigación “La reforma penitenciaria; necesidades del sistema y modelo de ejecución penal” de la Universidad de Valladolid