La recuperación económica de la crisis relacionada con la COVID-19 brinda una oportunidad para acelerar la revolución digital y tecnológica de la educación y formación profesional y mejorar su adaptabilidad, especialmente mediante la digitalización y métodos de aprendizaje y la adaptación flexible a las cambiantes demandas del mercado. Se hace imprescindible mejorar las competencias digitales del alumnado y del profesorado diseñando e implementando soluciones innovadoras que faciliten un aprendizaje inclusivo en todas las etapas educativas. El Consejo considera que para lograr esta revolución digital es necesario asegurar el acceso a herramientas y tecnologías digitales, además de desarrollar medidas de orientación adecuadas. Las herramientas digitales pueden mejorar la accesibilidad y la eficiencia de la formación.
Es preciso seguir impulsando la digitalización de los centros para poder implementar de forma adecuada una educación presencial, semipresencial y a distancia según las necesidades de cada momento. Se hace especialmente importante seguir desarrollando tecnologías en red que faciliten la conectividad entre centros.
Los servicios sociales, junto con el sistema sanitario, se han visto duramente golpeados por el impacto de la pandemia. El SARS-CoV-2 encuentra en la vulnerabilidad de las personas mayores su mejor medio de contagio y letalidad. En Castilla y León el impacto de la pandemia, alentado por el acusado envejecimiento de la población, ha sido especialmente severo, tanto en tasas de mortalidad como en la gravedad y número de personas mayores contagiadas.
El desconocimiento inicial de la pandemia y su brusca aparición, unidos a su especial incidencia en los centros residenciales y a la falta de criterios y protocolos de actuación, no permitieron un análisis pormenorizado del desarrollo, evolución y alcance de la enfermedad, más allá del realizado por la propia Junta, presentado a las Cortes de Castilla y León en octubre de 2020 (https://bit.ly/3v3DUiv).
Según los datos del de la Junta de Castilla y León sobre la situación en las residencias de mayores y centros de personas con discapacidad en relación al COVID-19 (https://bit.ly/3ipuP0Y), desde el 14 de marzo al 16 diciembre de 2020, las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas en Castilla y León, registraban 3.626 muertes por COVID-19 o con síntomas compatibles, 1.568 en hospitales y 2.058 en los propios centros (datos correspondientes a 1.214 centros, tasa de letalidad 28%).
Asimismo, cabe recordar que el 13 de marzo de 2020, por el establecimiento del estado de alarma en España, se obliga a cerrar los centros residenciales, y hasta casi un mes después no pueden realizar pruebas COVID19, dado que hasta esa fecha el Ministerio de Sanidad no disponía de los mismos (10 de abril 2020).
Para hacer frente al colapso se hizo necesario el refuerzo de plantillas y la puesta en marcha, de forma urgente e inmediata, de protocolos estrictos de actuación, especialmente en materia preventiva, en planificación de las intervenciones, prioritariamente sociosanitarias y de derivación y traslado a centros hospitalarios, o en manipulación y tratamiento de personas fallecidas en el propio centro residencial.
En concreto, se hicieron proyectos y contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de prestaciones, la mayor parte dirigidas especialmente a los colectivos de más
Edad, como reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario, incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria; trasladar cuanto sea necesario al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación; reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar; adquirir medios de prevención y protección, y para ampliar temporalmente las plantillas de los centros residenciales.
La Junta de Castilla y León destinó además financiación adicional directa a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales de Castilla y León, para financiar los programas de actividades en materia de servicios sociales de la comunidad que han tenido un incremento del gasto como consecuencia de la pandemia (Acuerdo de 9 de abril de 2020, Acuerdo de 30 de julio de 2020 y Acuerdo de 10 de septiembre de 2020).
Para el desarrollo de todas las actuaciones emanadas de estos fondos se crearon guías y protocolos de actuación específicos para residencias de mayores y personas con discapacidad, residencias e instalaciones juveniles o centros infantiles y de protección de menores (https://bit.ly/3foApyz).
El CES considera necesario reiterar una vez más la necesidad de articular eficazmente la coordinación entre el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales, pues es necesaria una respuesta integral a las necesidades sociosanitarias que acarrea la pérdida de autonomía. La coordinación sociosanitaria debe abordarse en toda su extensión y debe dar respuesta a la diversidad de circunstancias en las que pueden encontrarse las personas vulnerables, tanto usuarias de centros residenciales como atendidas en sus domicilios o pendientes de su valoración como personas en situación de dependencia.
El CES considera esencial que la administración central y las autonómicas, en aplicación de sus respectivos marcos competenciales, contando con el Dialogo Social, promuevan un acuerdo de condiciones básicas comunes y de definición del modelo estable de coordinación sociosanitaria que permita garantizar una coordinación entre los servicios sociales y el sistema nacional de salud en los diferentes niveles de la Administración.
Todo lo vivido a lo largo de la pandemia debe transformarse en una oportunidad para mejorar nuestro mundo, desde la necesidad del encuentro y la colaboración entre generaciones. Además, la crisis generada por la propagación de la COVID-19 ha evidenciado grandes oportunidades de mejora para los servicios sociales en general, pero especialmente para el sector de los cuidados. Es necesario valorar la diversidad y la contribución de las personas mayores a la sociedad y tomar en consideración aspectos como la biografía, la experiencia y la gran capacidad de adaptación de las personas mayores, insistiendo en la necesidad de incidir en relación entre las funciones preventivas y rehabilitadoras, así como en la evolución definitiva de las metodologías de intervención con el apoyo ineludible de las nuevas tecnologías, la digitalización, la innovación e investigación y el conocimiento.
