Entre las funciones que encomienda la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL), se encuentra la relativa a “Emitir anualmente, dentro del primer semestre de cada año, un informe general sobre la «Situación Económica y Social de la Comunidad» correspondiente al ejercicio anterior, que remitirá a la Junta de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León” (artículo 3.1.h). Esta previsión legal se ha mantenido, con ligeros matices en su redacción, introducidos por la Ley 4/2013, de 19 de junio, por la que se modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León, desde la creación del CESCYL, por lo que el informe sobre el año 2020 constituye el trigésimo de los aprobados.
Este trigésimo informe anual se dedica a la situación económica y social de nuestra Comunidad en el año 2020. En la presentación del informe anterior ya se advirtió que su elaboración había venido marcada por la pandemia, tanto en la organización de las tareas y el desarrollo de los debates, como en la determinación de la orientación y el contenido de las recomendaciones. Fuimos conscientes de que, aun debiendo centrarse su estudio en el ejercicio 2019, las valoraciones, recomendaciones y propuestas, so pena de pérdida de interés o utilidad, debían adaptarse a las muy duras consecuencias originadas por la COVID-19 en la prestación de los servicios públicos y, en general, en la situación social y económica.
Al año 2020, en el que se declaró por la Organización Mundial de la Salud la pandemia, el 11 de marzo, se dedica el informe aprobado por unanimidad por el Pleno del CESCYL el pasado 7 de julio. La crisis sanitaria, social y económica, así como sus repercusiones en las instituciones, las empresas, las relaciones laborales y el empleo, analizadas ahora, suponen las más graves, de profundidad y velocidad sin precedentes, de las vividas, que no son pocas, por cierto, por esta institución propia de Castilla y León. La tristeza y el sufrimiento ocasionados por esta enfermedad, con muchas personas fallecidas y que la han padecido y padecen, se han unido a grandes sacrificios en el ámbito de la empresa, el trabajo asalariado y autónomo, el empleo público y la acción protectora y promotora de las Administraciones, incluidas las instituciones de la Unión Europea y su necesaria intervención en materia de coordinación y financiación. La protección social y sanitaria, las políticas activas y pasivas de empleo y las medidas para la supervivencia de las empresas y sus puestos de trabajo han guiado los esfuerzos privados y públicos que han caracterizado el año pasado.
La estructura del informe sobre 2020 no ha variado, como tampoco lo ha hecho la metodología y el procedimiento, cuya configuración vigente se ha ido perfilando durante años. Se han incorporado, no obstante, introducciones en los tres capítulos (“Economía”, “Mercado Laboral” y “Calidad de Vida y Protección Social”), que se corresponden con las comisiones temáticas permanentes, con la finalidad de compendiar los datos y las consecuencias vinculados directamente a la pandemia. Se compatibiliza así el diagnóstico y las recomendaciones sobre los asuntos estructurales, manteniendo actualizadas líneas de trabajo y propuesta fundamentadas en informes anteriores, y sobre la reactivación, la transformación y la resiliencia, en coherencia con los planes y programas europeos, estatales y autonómicos, y, en definitiva, acerca de la reconstrucción económica y social. Las introducciones mencionadas se reproducen en las diferentes entradas de este número de los Cuadernos.
La dura e indeseada singularidad de 2020, así las cosas, no ha llevado a la elaboración y aprobación de un informe extraordinariamente diferente de los anteriores más recientes. La recuperación vendrá a través del reforzamiento de los sistemas públicos de prestación de servicios y atención a las personas y a la ciudadanía en su conjunto, así como del relanzamiento de los sectores económicos y sociales en los que Castilla y León sobresale, robusteciendo lo mucho que se hace bien por las empresas, las organizaciones sindicales, empresariales y sociales, en general, las personas trabajadoras asalariadas y autónomas y empleadas públicas, sin olvidar la urgencia en los cambios y transformaciones que exige la realidad para crecer en calidad de vida y bienestar, igualdad, empleo, productividad y competitividad.
El informe anual dedicado a 2020 cuenta con dos tomos, como es habitual. El primero de ellos (1.382 páginas) se construye con los datos sobre la situación social y económica, así como con el estudio y la ordenación de los mismos, y tiene los tres capítulos temáticos antes citados y un anexo de población (117 páginas), que incluye mapas, gráficos y tablas demográficas. El tomo segundo (96 páginas) contiene las 609 recomendaciones: 190 se corresponden con el capítulo de “Economía”, 229 con el de “Mercado laboral” y 190 con el de “Calidad de vida y protección social”.
Expreso, como hace un año, el deseo del CESCYL de que este informe sea de utilidad para los procesos de aprobación por la Junta y las Cortes de la legislación y las políticas conducentes a la superación de la crisis y el progreso en bienestar de Castilla y León. Concluyo reiterando mi agradecimiento a las Administraciones, instituciones y entidades que han colaborado, a pesar de las dificultades, con la remisión de los datos solicitados, principalmente, por razones evidentes, en los ámbitos competenciales de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España, a los consejeros y consejeras del CESCYL y a las organizaciones vinculadas a este, por su intenso trabajo, implicación y voluntad generosa de consenso, a los especialistas externos y al personal de este Consejo, que, una vez más, ha superado eficazmente sus extraordinarios niveles de compromiso y calidad.