El próximo día 7 de octubre se celebra en todo el mundo el día por el trabajo decente, que trata de traer a nuestra memoria uno de los “debes” más relevantes de nuestra sociedad y cuya lenta solución se ve afectada con cada crisis que nos toca vivir. Es además, un deber social que conecta directamente con otro, la erradicación de la pobreza, que se conmemora diez días más tarde y que constituye la mayor brecha social. Una conexión muy estrecha porque un trabajo decente da opción a mantener una vida digna y es, por tanto, la principal vía para salir de una situación de pobreza.
La situación de crisis económica que viene ya a sustituir o compartir espacio, sin que la salida de la crisis económica del 2008 viera la luz, hace temer de manera importante, cómo ambas afectarán a la población más vulnerable de Castilla y León.
En el mes de octubre conviven esas dos fechas señaladas y de especial importancia, que hacen que todos y todas las personas y las organizaciones sindicales a nivel autonómico, nacional, internacional, y europeo empecemos a analizar cómo estamos en comparación con el año anterior. Y este año tenemos algo en común todos: las muertes provocadas por el COVID en el mundo, que como siempre ocurre, ha sido más agresiva con determinados sectores de población, por sus propias condiciones de vida, personas que por su edad o dependencia también han sufrido de manera más cruel, si cabe, los balances diarios de afectados. Pues bien, si finaliza ese periplo, ese camino, se visualiza otro que vendrá a ocupar un importante espacio de afectación en las condiciones socioeconómicas y de vida de las personas y que debería poner en la agenda política la necesidad de reaccionar de manera temprana y previsora, para evitar de nuevo que la afectación de la crisis sanitaria y económica se vuelva a cebar con los más vulnerables.
En estos días empezaremos a recibir informaciones sobre datos de temporalidad, parcialidad, salarios, que no serán capaces de reflejar totalmente la afectación que a la ciudadanía y las trabajadoras y trabajadores nos ha provocado esta nueva crisis. Esa durísima realidad que ya ha golpeado a parte significativa de la población, y que en informes estadísticos se verá reflejado con demasiada tardanza, debería ser objeto de intervención inmediata por parte de nuestros políticos que trasladen a normas de obligado cumplimiento actuaciones que vengan a corregir los nefastos efectos de la crisis sufrida. No habremos actuado convenientemente si no tenemos previsto un escenario de acción que se anticipe a los informes, estudios, estadísticas más o menos objetivos o subjetivos. Y volveremos a ver en la estadística que vuelve a afectar de manera desigual a jóvenes, mujeres y personas que ya sus trabajos no entraban en esa definición. Además, a esa estadística se incorporan los nuevos y las nuevas que estaban en la “cola”, rayando esos parámetros, pero la situación les dio un empujón y han pasado a formar parte de los nuevos vulnerables.
Por ello, esa agenda política tiene que ir llenando de contenido ese papel que sostiene todo, un papel lleno de letras que construyen las propuestas, que se conecten en la cartera, o sea, con los compromisos económicos, y permitan que las propuestas y medidas puedan convertirse en acciones reales.
Esas medidas, que habrán de formar parte del diálogo y trasladarse a los boletines oficiales en forma de normas, y que deberán reconstruir el país teniendo en cuenta a las personas vulnerables y contribuir a reducir la monstruosa realidad que se acerca. Medidas que deberán dirigirse principalmente a reducir la temporalidad y parcialidad laboral injustificada, apostar por un importante incremento de los salarios, incrementar la cobertura de protección social para asegurar la percepción de unos ingresos mínimos que favorezcan una vida digna a aquellas personas cuyos ingresos no lo permitan, impulsar un Diálogo Social que posibilite la puesta en marcha de medidas de protección social y de generación de empleo de calidad y favorecer la igualdad en el acceso al empleo y la protección.
En definitiva, avanzar en el trabajo decente, permitirá una reconstrucción del país más inclusiva, teniendo en cuenta a las personas más vulnerables y contando con la contribución de todos los sectores y colectivos de población.
