La COVID-19 extiende este paro estructural. Un paro nunca curado con expansión actual sin respuesta política, tanto en inversión para erradicarlo, ni en la eficacia de los servicios públicos de empleo. El desempleo coyuntural es ya estructural.
Doce años han pasado, y la evidencia es más que notable. El paro estructural es el mayor déficit de nuestra Comunidad Autónoma.
Desde la anterior crisis económica, los indicadores de desempleo de larga duración marcan, cual arado en tierras castellanas y leonesas, valores medios en 2008 en torno a 27.500 personas desempleadas buscando empleo durante más de un año (PLD, parado larga duración) en 2014 ascendió la cifra a 151.700, recuperándose en 2015 poco a poco bajando números progresivamente.
En 2019 la media de 59.200 PLD (31.700 más que en 2018), alcanzó el 45,3% en paro más de 1 año y 30% más de 2 años en el dique seco.
Intentaré entre la multitud de posibles alarmas en esta pandemia sanitaria con rebufo socioeconómico, destacar dos sesgos: brecha de género y edadismo… en el segundo trimestre del presente año en Castilla y León, 49,2 personas de cada 100 en situación de PLD son mujeres y 52,8 de cada 100 en PLMD. Escenario enquistado desde 2015.
“No hay ganas” de recuperar la distancia que históricamente se repite y crece entre géneros; y sin datos donde fijar esta parte de mi cuadernillo, dentro del género, es inabordable (porque aquí sí que no hay nada de nada); los innumerables casos dentro del colectivo LGTBQ rechazados de facto a la inserción laboral.
El otro rasgo es el edadismo. Sólo entendido por una falta de respeto a la sociedad, así como unas políticas sumidas en una expulsión total a una cotización más allá de los 45 años con un camino al olvido de cualquier plan productivo a partir de los 52.
Otros sesgos pueden estudiarse, pero haré una reseña a nuestros jóvenes, 2 de cada 10 en PLD. Aquí, la huella generacional detractora es la precarización del sistema laboral y el sufrimiento de estos neonatos de vida laboral. Concatenación de contratos, jornadas parciales, bajos sueldos y nuevos formatos de nicho de empleo avituallados de plataformas digitales, autónomos sin reloj, multiservicios sin profesionalidad reconocida y sectores con mil y una irregularidad en el cumplimiento del convenio por el que se rigen o del Estatuto de los Trabajadores.
La macroeconomía de estímulos fiscales y monetarios tiene ahora el protagonismo; pero recala en acercar a las personas desempleadas a una ocupación de calidad. La macroeconomía mueve los presupuestos generales públicos y privados, pero el bolsillo de los ciudadanos y el de los hogares son los que hacen un circulante de gasto, de consumo, que revitaliza a la sociedad. Esa economía lejana de toque de campanilla en fondo verde con grilletes pasados y absoluciones presentes, pero tan necesaria para la Comunidad de Castilla y León.
Castilla y León frágil, como lo es el Estado en el sentido del aprovechamiento de la macroeconomía en expansión y en sinergia para potenciar políticas de empleo. El inteligente ejercicio de siembra presente para cosecha futura, nunca fue el arte a realizar.
La subvención a la contratación no enriquece la Comunidad. Los itinerarios personalizados y un continuo estudio y acompañamiento de inversión a su resultado en materia de carencias y de nichos de empleo, con formación y ocupación con cotización, son el eje vertebrador para combatir el paro, como acertadamente realizó el Centro Nacional de Formación (INEM) hace más de tres décadas.
Además, un esfuerzo en igualdad, cohesión territorial, impulso a planes sectoriales, tecnológicos y de innovación junto a una transición ecológica, social y digital, son los únicos pasos que afrontarán y podrán impulsar la economía en esta COVID-19. En línea, la protección social con rentas suficientes es el sostenimiento al consumo agregado y, en consecuencia, a la actividad empresarial y empleo; todo lo contrario que se creó en las decisiones del 2008 al 2013.
Sin osadía, sólo con hechos, cada avance logrado sociolaboral fue fruto de una primogénita acción sindical, en CyL como en el Estado. El referente sindical debe servir para esa exigencia que tanto “Europa”, como la pandemia, reclaman. Afrontar unidos las negociaciones ahí fuera como la protección dentro.
Como colofón, es obligado acompasar el clima de estos meses en acuerdos necesarios en el Diálogo Social (como legalmente a la representatividad está constituido), junto a una nueva etapa de Negociación Colectiva tripartita. La COVID-19 no ha de ser impedimento para evolucionar en articulados de futuro optimista para los trabajadores y sosiego a las incertidumbres inversoras empresariales. Solo resultará, si ambos lados de la cuerda empatan (otro terreno de juego se planteará cuando deje de primar ante todo la salud).
