El Covid-19 ataca a la población mayor y dependiente, por lo que es necesaria una reformulación de nuestro modelo de dependencia

Vicente Andrés Granado, Secretario General
de CCOO de Castilla y León

La pandemia mundial del COVID-19 ha atacado de manera agresiva a la población de mayor edad. Una gran parte de las personas fallecidas en Castilla y León, residían en centros de mayores o para personas dependientes, y los contagios no han parado en todo este tiempo. En Castilla y León fuimos pioneros en la implantación del sistema de Atención a la Dependencia, y consiguió que la mayoría de las personas  mayores y dependientes de nuestra Comunidad estén atendidas por servicios profesionales, bien en residencias de la tercera edad, en pisos tutelados, en centros de día o en sus propios domicilios con atención profesional. Pero la solución de ayer, está siendo el problema de hoy.

Tras el coronavirus ¿es necesario replantearse este modelo asistencial que siempre ha merecido los elogios de las demás Comunidades Autónomas? La respuesta debe ser que hay que repensar cómo proteger mejor a las personas mayores que están en estos centros ante futuros problemas, aunque consideramos que tenemos un buen sistema de Atención a la Dependencia en Castilla y León. En nuestra Comunidad hay 104.000 personas con el reconocimiento de dependencia y, de ellas, 50.000 estaban en el momento del inicio de la pandemia atendidos en centros asistenciales.

El Diálogo Social en Castilla y León,  ha ido conformando, con mucho esfuerzo y tiempo, este sistema de atención a la dependencia en vista de que, una cuarta parte de la población de Castilla y León tiene 65 años o más y, el 8%, supera los 80 años. Este proceso comenzó antes de que  se aprobara la Ley de Dependencia Estatal. Seguimos defendiendo un modelo de atención a través de  servicios, porque es mejor para los beneficiarios la atención profesional y porque proporciona más empleo. Así se ha completado en Castilla y León, una cartera de servicios que permite elegir entre las plazas residenciales, las prestaciones domiciliarias y otras medidas, como la teleasistencia, que permiten la mayor permanencia de las personas en sus casas.

Pero hoy tenemos que reconocer que la forma de convivencia entre las personas en los centros, con espacios individuales, pero también compartidos, no ha logrado protegerles como se merecían. Tampoco a las trabajadoras y a los trabajadores que han demostrado mucha profesionalidad en los duros momentos que han vivido, al límite de sus posibilidades y con un gran compromiso en la prestación de su trabajo a pesar de los riesgos, donde también se encuentran los trabajadores sanitarios y todos aquellos que son necesarios en la cadena de valor, como el personal de mantenimiento, limpiezas, ambulancias…Por eso debemos hacer una evaluación, honesta, objetiva, sobre los sistemas organizativos, las posibilidades de aislamiento de residentes, las medidas de prevención a las trabajadoras y trabajadores y las personas usuarias. No debe quedar en la memoria sólo lo malo que ha ocurrido con el COVID-19, las personas fallecidas sin el apoyo de sus familias a las que nunca se les podrá compensar la incertidumbre y la pena.

Debemos aprender de lo que hicimos mal, y establecer ya un compromiso para diseñar urgentemente un Plan de Choque, que posibilite los cambios necesarios a la Atención a la Dependencia frente a la actual pandemia del COVID19 y sus posibles rebrotes. En esa idea se ha propuesto una Mesa de Negociación en el marco del Diálogo Social e interinstitucional,  en la que entren todas las Administraciones, autonómica, provincial y local, ya que todas gestionan su propios centros, para incorporar medidas de seguridad en  la atención a los mayores y a la dependencia y una mejora de las condiciones laborales y de salud de las trabajadoras y los trabajadores. Pero que quede claro que no renunciamos a nuestro principal objetivo, que la atención a las personas mayores se siga haciendo por los servicios profesionales, primero porque es el objetivo de la Ley de Dependencia, pero también porque creemos que es lo mejor para la sociedad.

Esa Mesa de Negociación que se propone, debe incorporar los compromisos financieros europeos y estatales, y un esfuerzo añadido de la Junta de Castilla y León.

Además queremos que se audite lo ocurrido en esta pandemia en las residencias de la Tercera Edad, tanto públicas como privadas, concertadas o no, ya que los problemas, y también los éxitos en la contención del virus, se han dado en ambos modelos de gestión. A pesar de la enorme desgracia ocurrida, seguimos creyendo que el modelo es adecuado, aunque necesite algunas mejoras para evitar que, lo que nos ha ocurrido, vuelva a suceder.

Vicente Andrés Granado

Secretario General de CCOO de Castilla y León