Seis meses se han cumplido la semana pasada de la declaración del estado de alarma. Comenzó el 14 de marzo una etapa de extraordinaria exigencia para la ciudadanía y sus organizaciones, así como para las instituciones. Los esfuerzos y decisiones dirigidos a contener la pandemia de COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pasaron por un confinamiento sin precedentes. La rápida propagación de la enfermedad y las durísimas medidas para su control paralizaron la economía, de manera inmediata e inesperada, intersectorial e internacional, provocando destrozos en las empresas, especialmente en las PYME y los trabajadores autónomos, y en los mecanismos institucionales de garantía de los derechos sociales. Solamente los considerados servicios esenciales, con el encomiable y no menos eficaz trabajo de las personas que los prestan, continuaron con sus actividades en unas condiciones muy difíciles, sometidas a una presión insoportable, singularmente en los ámbitos sanitario y sociosanitario. Se sumó rápidamente, así las cosas, una profunda crisis económica y social a la crisis sanitaria desatada.
El estado de alarma y las fases de transición a la denominada “nueva normalidad” concluyeron el 21 de junio. La búsqueda del efecto rebote en la situación económica, aprovechando el verano, conscientes de la difícil “convivencia con el coronavirus”, para paliar parcialmente la caída del PIB, presidió la segunda etapa. En todo caso, como recordamos en el número 4 de estos Cuadernos, la anhelada recuperación de la normalidad en el desarrollo de nuestra vida cotidiana pendía, y continúa pendiendo, de la superación de la emergencia sanitaria en la que nos hallamos. Y es que las personas y las entidades necesitan seguridad, o apariencia de ella, para considerarse inmersos en su normalidad. Se exige la existencia de un sistema capaz de controlar el riesgo, mediante instrumentos institucionales y técnicos debidamente regulados, que posibilite las adecuadas planificación y gestión de la prevención de los mismos.
Desde finales del mes pasado, con un incremento galopante de los contagios en septiembre, se anuncia el inicio de una tercera etapa, que requiere renovados esfuerzos individuales y colectivos. Sectores como la cultura, el turismo, el ocio y la hostelería, entre otros, han visto cómo las expectativas se agostaban (por cierto, nunca peor utilizado el verbo, suplantando la conjugación del esperado, por todos, hacer el agosto). No se nos puede olvidar, a pesar de la profundidad de la crisis económica y social, que la COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa y grave. Ha generado y genera muerte y mucho sufrimiento. La superación de la crisis sanitaria y de la socioeconómica tienen que lograrse conjuntamente. No existe una contraposición real en la práctica, porque si no cesa la emergencia sanitaria, será muy lenta, incluso imposible en algunos sectores, la recuperación económica y social.
Asumir este hecho no significa que las decisiones tengan que centrarse exclusivamente en las medidas sanitarias, pues debe garantizarse necesariamente, con políticas públicas, preferentemente pactadas, la supervivencia de las empresas y de los puestos de trabajo. De la salida de esta crisis, marcando ahora las tendencias hacia una normalidad mejor, y no hacia una vuelta sin más a principios de marzo, con una economía acorde con las transiciones ecológica y digital, dependerá la recuperación del progreso y el bienestar en los años venideros. Además, recordemos que, ahora que somos conscientes de nuestra vulnerabilidad como sociedad, deviene imprescindible y prioritario reforzar los sistemas sanitario y sociosanitario, dado que, sin normalidad, resulta inviable la promoción y garantía de los derechos consustanciales al Estado social y democrático de Derecho proclamado por la Constitución Española.
En fin, iniciamos otra dura etapa en esta crisis. Pocas veces ha sido tan importante la asunción conjunta y coordinada de deberes entre instituciones y ciudadanos. Tenemos por delante muchos meses de esfuerzo personal y comunitario, también en orden a alcanzar más acuerdos políticos y sociales, tanto para la definición de las medidas, como para su ejecución y seguimiento. En Castilla y León, de seguro, por nuestro carácter y compromiso, estamos preparados.
