Estamos recordando en los últimos meses el trigésimo aniversario de la creación (noviembre de 1990) y puesta en funcionamiento (abril de 1991) del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL), aprovechando la ocasión para dar a conocer sus características principales. En el presente número de los Cuadernos se dedica este espacio a la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias de Castilla y León, figura introducida por la Ley 4/2013, de 19 de junio, por la que se modifica la organización y el funcionamiento de las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León.
Se tramitó la Ley 4/2013 en una coyuntura singular, generada por la crisis económico-financiera desatada en 2008, y vinculada a los debates y estudios sobre la reordenación de las instituciones y, en su caso, la reorganización de las Administraciones públicas. En nuestra Comunidad una parte esencial de esa reflexión institucional se había anticipado en el Estatuto de Autonomía vigente, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, cuyo artículo 19, dedicado a las instituciones autonómicas, estableció lo siguiente:
“1. Las instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León son:
a) Las Cortes de Castilla y León.
b) El Presidente de la Junta de Castilla y León.
c) La Junta de Castilla y León.
2. Son instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León el Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, y las que determinen el presente Estatuto o las leyes aprobadas por las Cortes de Castilla y León”.
La Ley 4/2013 adscribió el CESCYL a las Cortes, decisión que resulta excepcional en España, pues los demás Consejos Económicos y Sociales, incluido el estatal, dependen del gobierno correspondiente. Afirma su exposición de motivos, en este sentido, que, “sin alterar las funciones específicas que constituyen su esencia, se procede a la adscripción presupuestaria del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo a las Cortes de Castilla y León, siguiendo el modelo de lo que ya ocurre con el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas, modelo que como ya se ha demostrado en ningún caso afecta a la independencia que debe presidir el funcionamiento de estas instituciones”. Por ello, esta ley “atribuye a las Cortes, entre otras, funciones en relación con los nombramientos y aprobación de sus Reglamentos de Organización y Funcionamiento, que hasta ahora estaban atribuidas a la Junta de Castilla y León, con lo que la reforma refuerza aún más la independencia de estas dos instituciones propias”. En consecuencia, se adopta “Otra de las medidas dirigidas a mejorar la eficiencia”: “la creación de una Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias, lo que permite suprimir algunos de los órganos que desarrollaban estas funciones en cada una de las instituciones”.
El artículo 6.1 de la Ley 4/2013 creó “la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias [SGAIP] de la Comunidad de Castilla y León, para prestar asistencia a las cuatro instituciones, bajo la dependencia directa de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León. El titular de esta Secretaría General será nombrado por la Presidencia de las Cortes de Castilla y León entre funcionarios de cualquier Administración Pública, Entidad, Institución u Organismo Público comprendidos en el grupo A y que tengan como mínimo diez años de antigüedad en dicho grupo”. Sus funciones versan, en virtud del artículo 6.2, sobre la “gestión material necesaria para el funcionamiento ordinario de las cuatro instituciones, en aquellos ámbitos que no estén directamente relacionados con las funciones específicas de cada institución. En dichos ámbitos la Secretaría General desarrollará sus cometidos en las siguientes materias:
a) Personal, régimen interior, contratación, gestión económica y presupuestaria.
b) Asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio.
c) Intervención, fiscalización y contabilización.
d) Cualquier otra que se le encomiende para el funcionamiento ordinario de las instituciones”.
En estas líneas deseo manifestar mi agradecimiento, que es, sin duda, el del CESCYL en su conjunto, por sus excelentes gestión, eficacia, compromiso y generosidad, a don José María Zarzuelo Castaño, actual secretario general, cuyo nombramiento se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León veinte días antes del mío como presidente de este Consejo, que hago extensivo a todo el magnífico equipo que conforma la SGAIP.
Muchas gracias.
