La integración laboral de las personas en riesgo de exclusión es uno de los principales objetivos de la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León (PTSCYL)
Dadas las circunstancias tan especiales de este colectivo, estos trabajadores y las empresas que les ocupan, precisan de una serie de medidas por parte de las Administraciones que propicien la creación de empleo, además de facilitar su inserción laboral y social.
En este sentido, programas dirigidos a la creación de empleo con apoyo y los destinado al desarrollo de habilidades personales, se nos antojan totalmente indispensables.
Las consecuencias de la pandemia han generado un sombrío impacto en uno de los colectivos con peor tasa de empleabilidad. Los datos son demoledores, pues un 12% de ellas ha perdido su empleo a consecuencia de la pandemia, mientras que tres de cada cinco (60%) temen perderlo próximamente, según se desprende de estudios recientes.
Si antes del coronavirus, solo una de cada cuatro personas tenía empleo y había una diferencia de más de 40 puntos porcentuales en la tasa de empleabilidad entre personas desfavorecidas (25,5%) con respecto a la población en general (65,9%), todo parece indicar que esta brecha está aumentando significativamente a consecuencia de la pandemia.
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) también ha tenido un impacto significativo sobre las personas de nuestro colectivo, puesto que más de un tercio (el 37%) ha sido incluido en ellos dentro de sus diferentes variantes: reducción total o parcial de la jornada laboral.
Además, un importante aspecto que es fácilmente constatable, nos indica la enorme diferencia del impacto de los ERTE entre las personas en riesgo de exclusión (que afectan al 37% de ellas) con respecto a la población en general (porcentaje que desciende al 3,1%). Una diferencia de 33,9 puntos porcentuales.
Ante la falta de empleo y las reducciones de los ingresos por trabajo, las prestaciones sociales se han constituido como una necesidad para mantener los ingresos en esta época de crisis causada por la pandemia. Sin embargo, un 37% de las personas no reciben ninguna prestación. Esta falta de ingresos se agrava especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad (44%) y los jóvenes (56%), dos de los sectores tradicionalmente más afectados por el desempleo y la falta de oportunidades.
Es más, la pérdida de trabajo e ingresos por la pandemia provocan a las personas desfavorecidas el temor de no poder pagar sus hipotecas o créditos, no abonar los suministros básicos, privarse de actividades de ocio y servicios o tener que vender bienes o propiedades.
Nos parece preocupante que estas personas sean “las últimas en acceder al ejercicio de muchos de sus derechos básicos” pero también “las primeras en verse expulsadas cuando se producen situaciones de crisis e incertidumbre”.
Ante esta manifiesta situación, en la hoja de ruta marcada por las propias Naciones Unidas, se reclaman medidas de protección tras denunciar que la falta de igualdad de oportunidades de las personas se agravará debido a las consecuencias humanas, sociales y económicas ocasionadas por la pandemia.
“Ahora es la hora de la respuesta pública ya que desde el sector se han hecho los deberes desde el primer momento y hemos planteado cuáles son nuestras necesidades”. Estamos convencidos de que sólo desde unas bases sociales, sobre unos cimientos firmes, sólidos, que deben entenderse en clave social e inclusiva, podremos afrontar el enorme reto y desafío de la reconstrucción”.
En nuestra Comunidad, las administraciones en colaboración con el Tercer Sector, venimos trabajando activamente para procurar la deseada integración laboral a través de diversas fórmulas como puede ser la reserva de contratación del 2% para el ámbito de la discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores o las subvenciones a la contratación con carácter temporal.
Las organizaciones del Tercer Sector en Castilla y León, damos ocupación de manera directa a más de 9.000 profesionales y posibilitamos una vida laboral a otras 4.000 personas que están o pueden estar en claro riesgo de exclusión social.
