La dureza de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 sigue impidiendo la recuperación de la ansiada normalidad. En esta situación se ha pasado de abominar la rutina a añorarla. La emergencia sanitaria no ha concluido y, por ello, la reactivación económica y social continúa siendo lenta. La irrupción de esta enfermedad, nueva y aún de consecuencias desconocidas, ha provocado de manera general, repentina e inesperada una paralización internacional e intersectorial de la demanda de bienes y servicios, así como una alteración profunda de los procesos productivos.
La superación plena del desgaste producido por la larga crisis económica internacional desatada en 2008, de origen muy diferente, pues nació en el ámbito financiero, se ha visto truncada súbitamente. La amenaza del cambio climático sobre el bienestar social y el progreso socioeconómico venía determinando, aunque sin prisa, la necesidad de introducir reformas estructurales suficientes en favor del desarrollo sostenible. La idea de que el cambio climático no estaba cercano, e incluso la existencia de posiciones negacionistas, se unió a la sensación de invulnerabilidad de las sociedades de los países que lideran la comunidad internacional. La ausencia de un modelo gobernable, desde los planteamientos del Estado social y democrático de Derecho, de globalización se sumó también al actual contexto social y económico, a nivel mundial, todavía convaleciente del crac financiero.
Los esfuerzos públicos y privados han de centrarse ahora, naturalmente, en la lucha contra la COVID-19, así como en la gestión de la convivencia con el coronavirus en esta nueva normalidad. También han de dirigirse a la reconstrucción económica y social durante y tras el desastre, como se viene comentando en estos Cuadernos. El objetivo debe ser la consecución de una normalidad mejor, si se permite la expresión para hablar de la reordenación económico-productiva y del trabajo hacia una economía sostenible, sabedores de la repercusión de los desastres cercanos o lejanos, si es que hay ya algo lejano, en nuestra cotidianidad, y conscientes de que las variaciones en el clima vienen a alterarla gravemente.
En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha celebrado entre los días 2 y 9 de julio una cumbre en línea, la mayor de su historia, dedicada a “La COVID-19 y el mundo del trabajo”, para “Construir un futuro del trabajo mejor”. La Declaración del Centenario de la OIT (2019) afirma que “el mundo del trabajo se está transformando radicalmente, impulsado por las innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, el cambio climático y la globalización”. Define “las acciones que la Organización y sus mandantes tripartitos deberían llevar a cabo para configurar y encauzar estos cambios a través de un enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas, en un contexto en el que persisten la pobreza, la desigualdad, las injusticias, los conflictos y los desastres, que constituyen una amenaza para el logro de la prosperidad compartida y el trabajo decente para todos”. Y reitera “el papel esencial de las normas internacionales del trabajo y del diálogo social para impulsar esos objetivos”.
Esta cumbre mundial de la OIT ha actualizado el conjunto de medidas para mejorar las relaciones laborales y superar la crisis social, económica, empresarial y del empleo. Promueve acuerdos tripartitos de gobiernos y organizaciones sindicales y empresariales, tanto a nivel estatal y autonómico, como europeo e internacional. Las conclusiones de esta cumbre pueden ordenarse en torno a estos cuatro pilares básicos:
1) Estimular la economía y el empleo a través de una política fiscal activa, una política monetaria flexible y la aprobación de préstamos y subvenciones pensados ad hoc para los distintos sectores, sobre la base de que los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible siguen siendo válidos en esta nueva coyuntura.
2) Apoyar a las empresas y el mantenimiento del empleo con la dotación para estas y los autónomos de ayudas financieras, tributarias y de Seguridad Social u otros medios que garanticen su liquidez y supervivencia, la ampliación a toda la ciudadanía de la protección social y la adopción de medidas extraordinarias para evitar los despidos y conservar los puestos de trabajo.
3) Proteger a las personas trabajadoras en su lugar de trabajo mediante el refuerzo de la prevención de riesgos laborales, el fomento del trabajo a distancia y de las medidas de corresponsabilidad en los cuidados familiares y la interdicción efectiva de la exclusión y la discriminación por cualquier causa.
4) Promover el diálogo social y la negociación colectiva como instrumentos esenciales para encontrar soluciones reales y eficaces, pues los posibles acuerdos incrementan la legitimación de la acción de gobiernos y empresas, así como fortalecen la capacidad y la resiliencia de las personas empleadoras y trabajadoras y sus organizaciones.
En definitiva, los planes de recuperación deben aspirar a alcanzar una normalidad mejor en las relaciones de trabajo, la productividad de las empresas y la protección social.
