Consulta el informe 2019
En análisis que se hace en el Informe sobre la situación económica y social en Castilla y León en 2019, sobre la calidad de vida y protección social en nuestra comunidad autónoma, muestra la importancia que tienen los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y servicios sociales), especialmente en los duros momentos vividos como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, ya que, con su funcionamiento, garantizan la equidad social y territorial, protegiendo especialmente a las personas más vulnerables.
Los hechos acaecidos en los últimos meses están haciendo que, servicios públicos como la educación se hayan enfrentado a situaciones que antes no se habían dado, como son asegurar la continuidad del aprendizaje, garantizando la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.
Para abordar los retos a los que nos enfrentamos, en este Informe se recomienda intensificar los programas de desarrollo de competencias TIC en el personal docente de todos los niveles educativos, mediante acciones de formación permanente, reforzando además la presencia de estas competencias en el currículo educativo del alumnado. Además, se destaca la necesidad de desarrollar, de forma permanente en el tiempo, contenidos específicos de educación para la salud, relacionados con la prevención del contagio, la gestión emocional, la adquisición de hábitos saludables o el uso adecuado de las TIC para niños, niñas y adolescentes, enfocados dentro del programa de apoyo escolar y de enseñanza a distancia.
Ante el nuevo escenario, es más necesario que nunca alcanzar un pacto por la educación en España, que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, y todos los agentes implicados en la comunidad educativa, que asegure su permanencia, en lo fundamental, independientemente de los cambios que se produzcan en el Gobierno. Este nuevo marco debe poner en valor los pilares educativos que garanticen el derecho universal a la educación de calidad, pública y gratuita que asegure la igualdad de oportunidades del alumnado, dotándolo de una financiación suficiente para su puesta en marcha con garantías.
La pandemia provocada por el coronavirus SARS‐CoV‐2, causante de la COVID 19, ha sido la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos, con consecuencias graves en la salud de las personas y en el sistema sanitario español, otro de los servicios públicos que se han encontrado ante una situación especialmente difícil en los últimos meses.
Una de las necesidades a las que se enfrenta este sistema es a la reconfiguración del papel de la atención primaria, situándola como eje del sistema, mejorando la coordinación de los recursos sanitarios y sociosanitarios, reforzando los equipos de personal sanitario y diversificando las especialidades en la primera línea de atención, no solo para lograr reducir las listas de espera sino también para redefinir las tareas asistenciales propias e incorporar otras que debe asumir la atención primaria en los nuevos escenarios post coronavirus.
El Informe destaca que es necesario garantizar un modelo de financiación suficiente para el sistema sanitario que asegure un servicio público de calidad y accesible, dotado de infraestructuras y recursos profesionales adecuados a las necesidades para asegurar su sostenibilidad.
La crisis sanitaria también ha demostrado las debilidades de un sistema de protección social, que está en continua adaptación, adecuándose a las situaciones cambiantes que se han venido dando en los últimos tiempos en nuestro país. Todo lo ocurrido debe servir para aprender de las consecuencias que se han vivido en esta crisis, estableciendo medidas que nos hagan poder dar respuesta a crisis futuras.
Por todo ello, el Informe apunta la necesidad de incrementar los esfuerzos para poder tener un sistema de protección social reforzado e integral, que dé cobertura a los colectivos más vulnerables, de modo que se puedan garantizar sus derechos en un estado social y democrático como es el nuestro.
Además, se insiste, una vez más, en la necesidad de avanzar en el modelo de coordinación sociosanitaria, para que pueda dar la respuesta adecuada ante circunstancias como las vividas en los últimos meses. Esta coordinación sociosanitaria debe estar centrada en la atención integral a las personas, con pleno respeto al ámbito competencial de sanidad y servicios sociales, de forma que se disponga de recursos de ambos sistemas que trabajen en base a protocolos comunes y estables en el tiempo, que permitan que de forma anticipada se pueda dar respuesta a cada situación.
