La Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó el 21 de junio de 1990 la admisión a trámite del proyecto de Ley del Consejo Económico y Social (CES). Firma el acuerdo Carlos Sánchez-Reyes de Palacio, presidente de las Cortes. Este proyecto había sido aprobado por el Gobierno de la Comunidad, presidido por Jesús Posada Moreno, el 14 de junio, a propuesta de Miguel Pérez Villar, consejero de Economía y Hacienda. Se transformó, tras una enriquecedora tramitación parlamentaria, en la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, del Consejo Económico y Social, vigente con modificaciones.
De la creación del CES se había hablado ya en la primera legislatura. Javier Paniagua Íñiguez, consejero de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de la Comunidad presidido por Demetrio Madrid López, anunció, en un informe presentado en 1983 a la comisión correspondiente, la conveniencia de “crear un Consejo Económico y Social, que sirva como foro de estudio y discusión de la política económica regional a medio y largo plazo, en el que estarían representados los distintos sectores económicos y demás fuerzas vivas de la región”. Juan Seisdedos Robles, procurador popular por Zamora, preguntó al consejero por este asunto en noviembre de 1984. También lo hizo Daniel de Fernando Alonso, procurador centrista por Ávila, en el Pleno de las Cortes convocado para el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para 1985. A pesar de la voluntad expresada en diversas ocasiones por el presidente y el consejero, la tramitación del proyecto de ley hubo de esperar, como se ha indicado, a la legislatura siguiente, la cual contó en sus semanas iniciales con una proposición de Ley de creación del CES de Castilla y León, presentada por Jesús Quijano González, portavoz del Grupo Socialista, el 18 de febrero de 1988, que fue rechazada por el Pleno.
El primer Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, no contempló la existencia del CES hasta su reforma por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, que añade el artículo 54 con el contenido siguiente, basado en lo dispuesto por la meritada Ley 13/1990: “El Consejo Económico y Social es un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor en materia socioeconómica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León” (apartado 1).
En el Estatuto de Autonomía vigente, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, se reordena en el artículo 19 la regulación de las instituciones autonómicas, clasificándolas en básicas (Cortes de Castilla y León, presidente de la Junta de Castilla y León y Junta de Castilla y León) y propias (Consejo Económico y Social, Procurador del Común, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas). El artículo 81 se dedica al CES y mantiene la definición dada por la versión anterior del Estatuto desde 1999.
El CES se regula en la actualidad, además de por el Estatuto de Autonomía, por la Ley 13/1990, reformada y complementada por la Ley 4/2013, de 19 de junio, por la que se modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León. Destacan como novedades introducidas por la Ley 4/2013, en palabras de su exposición de motivos, la atribución a las Cortes de “funciones en relación con los nombramientos [incluida la elección de la Presidencia] y aprobación de sus Reglamentos de Organización y Funcionamiento, que hasta ahora estaban atribuidas a la Junta de Castilla y León, con lo que la reforma refuerza aún más la independencia de estas dos instituciones propias” (se refiere al Consejo Consultivo y al CES, pues el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas dependían ya de las Cortes); la adopción de varias “medidas dirigidas a mejorar la eficiencia”, entre las que se halla “la creación de una Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias”; y la constitución en el CES del “Grupo de Enlace con la sociedad civil organizada integrado por representantes de asociaciones e instituciones con actividad económica y social en la Comunidad de Castilla y León”, distintas de aquellas que forman parte del Pleno desde su origen (artículo 4 bis). Sirva de excusa este aniversario para manifestar desde el CES de Castilla y León, su mesa de gobierno, sus consejeras y consejeros, las organizaciones que conforman el pleno y el grupo de enlace y las personas que integran su espléndido personal, nuestro afán por ejercer con compromiso, diálogo y participación las funciones y competencias, especialmente en las coyunturas más difíciles, siempre al servicio de la ciudadanía y sus derechos, el bienestar y el desarrollo social y económico de nuestra Comunidad.
