“Poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones es uno de los desafíos a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”. Así empieza el informe a iniciativa propia del Consejo Económico y Social de Castilla y León dedicado a las “Políticas públicas para combatir la pobreza en Castilla y León”, aprobado el 17 de julio de 2020. El CESCYL había solicitado en 2019 la elaboración del documento técnico de partida a Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca. Sin embargo, las profunda crisis sanitaria, social y económica ocasionada por la pandemia de COVID-19, por sus graves consecuencias en esta materia, ha relanzado su preocupación y actividad para el estudio y la propuesta de medidas eficaces contra la pobreza y la exclusión social.
La relevancia del diálogo social a nivel estatal, autonómico y local en la aprobación de tales medidas, con el imprescindible compromiso presupuestario y de gestión por las Administraciones competentes, se une a la extraordinaria labor que realizan a diario las organizaciones del tercer sector de acción social y a la solidaridad de entidades, empresas y sociedad, impulsada por iniciativas individuales y colectivas. El CESCYL cuenta entre sus integrantes con las organizaciones sindicales y empresariales partícipes del diálogo y la concertación social, así como con otras también esenciales en nuestra Comunidad, como las organizaciones profesionales agrarias y las representativas de la economía social y de los consumidores y usuarios. La presencia de expertos designados por la Junta y las Cortes de Castilla y León enriquece los documentos y propuestas que se preparan y formulan.
Dispone el CESCYL, asimismo, del Grupo de Enlace con la sociedad civil organizada, del que forman parte las organizaciones del tercer sector de acción social con mayor implantación en Castilla y León. Su sobresaliente intervención contra la pobreza y la exclusión social, claramente manifestada en la crisis que padecemos, refuerza el carácter independiente, técnico y participativo de esta institución. Las dinámicas de actuación conjunta generadas en 2020 por la Comisión de Trabajo de Calidad de Vida y Protección Social, delegada del Pleno, y el Grupo de Enlace están dando resultados fructíferos.
El viernes pasado tuvo lugar, en el marco de estas sesiones conjuntas, un “Seminario virtual sobre la implantación del Ingreso Mínimo Vital y su coordinación con la Renta Garantizada de Ciudadanía”, más de tres horas de diálogo realmente interesante para continuar colaborando en la mejora y consolidación de la nueva prestación económica no contributiva de la Seguridad Social, que ha de garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, así como la mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. El Seminario contó con las intervenciones, tras aceptar amablemente la invitación cursada, de Esperanza Vázquez Boyero, directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad de la Junta de Castilla y León, y Jerónimo A. González Clavero, director provincial de Valladolid del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Fueron ponentes, además, Rebeca Madruga Escudero (EAPN), M.ª Jesús Fernández Fernández (Cruz Roja), M.ª Jesús Díez Guerrero (Cáritas), Juan Pérez Sánchez (CERMI), David Esteban Miguel (CEOE Castilla y León), Inmaculada de Pablo Arranz (CCOO) y Azucena Pérez Álvarez (UGT).
También el viernes se presentó por EAPN Europa el informe Poverty Watch 2020, que advierte de que “la COVID-19 aumentará la pobreza hasta niveles de la crisis de 2008”. Dispone de una parte referida a España, en cuya introducción se explica que, en nuestro país, “las diferentes manifestaciones de pobreza y exclusión social son: escasez de renta, falta de vivienda digna, privación material, dificultad en el acceso a la educación y la sanidad debido a las dificultades, pobreza de familias viviendo en entornos desfavorecidos y acceso limitado o truncado a servicios básicos”.
Afirma, teniendo en cuenta la tasa AROPE (riesgo de pobreza y/o exclusión), que “El 20,7% de la población española, es decir, cerca de 9,7 millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza. La cifra representa una pequeña reducción del 0,8% con respecto a los datos de 2019 lo cual se traduce en unas 315.000 personas que han dejado de sufrir la pobreza. La tasa está todavía lejos de los datos anteriores a la crisis: existen actualmente unas 670.000 personas más en riesgo de pobreza y una diferencia del 0,9% con respecto a los valores de 2008”. La crisis generada por la pandemia de COVID-19, bien estudiada en el informe, empeorará esta mala situación previa. Sigue siendo necesario, por tanto, el mantenimiento de un escudo social, cuyas claves, en palabras del informe, son:
- “Los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) para las compañías afectadas por los cierres. Se trata de un instrumento ya existente que evita los despidos y garantiza a las personas trabajadoras el 70% de los salarios brutos.
- Prohibición de despidos durante el estado de alarma.
- Protección a través de ayudas al desempleo a aquellas personas trabajadoras cuyos contratos temporales terminan después de la declaración del estado de alarma y no tienen derecho a esta ayuda. El subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal es aplicable a aquellas personas trabajadoras cuyos contratos terminan por llegar a su fin. El único requisito es que el contrato previo tuviera una duración mínima de dos meses.
- Aplazamiento de los pagos de las hipotecas y alquileres para familias vulnerables.
- En el caso de hogares vulnerables, suspensión de los desahucios y extensión extraordinaria de los arrendamientos de las residencias habituales.
- Expansión del grupo de potenciales receptores/as del bono social de electricidad.
- Aprobación del ingreso mínimo vital, de carácter estatal, dirigido especialmente a hogares sin ingresos y en situación de pobreza severa”.
El Estado social y democrático de Derecho ha de evitar la pobreza y la exclusión, así se deduce del mandato a los poderes públicos del artículo 9.2 de la Constitución Española.
