El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión de 8 de septiembre de 2020, el “Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020”. Este Plan “recoge un total de 172 propuestas: un proyecto de reforma constitucional, 4 leyes orgánicas, 53 leyes ordinarias y 114 reales decretos. Un total de 48 incorporan a nuestro ordenamiento directivas u otras disposiciones europeas, y 22 serán sometidas a un análisis sobre los resultados de su aplicación una vez aprobadas”. Advierte que “la irrupción de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 ha supuesto la lógica alteración de las prioridades políticas y normativas del Gobierno, lo que ha venido a reconfigurar tanto la propia tramitación del Plan, como sus previsiones, articulación y contenido”.
La acertada figura del Plan Anual Normativo se contempla en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, cuyo contenido vigente fue fijado por la disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en sintonía con lo previsto para todas las Administraciones en el artículo 132, “Planificación normativa”, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se desarrolla el citado artículo 25 por el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.
El “Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020” responde, según explica su introducción, a “un conjunto de 10 prioridades de política legislativa derivadas del programa de Gobierno”:
“1. Reorientación del modelo productivo en el marco de la digitalización y la transición justa.
2. Fiscalidad más progresiva en su conjunto.
3. Refuerzo de la cohesión social y territorial y la igualdad de oportunidades.
4. Creación de empleo digno.
5. Fortalecimiento del sistema español de ciencia, tecnología e innovación.
6. Apuesta por la formación profesional.
7. Buen gobierno y reformas del sector público.
8. Efectividad de la igualdad de género.
9. Integración de la diversidad.
10. Nuevos derechos y Memoria Democrática”.
El anteproyecto de reforma constitucional se centra en el texto del artículo 49 de la Constitución Española, pues “precisa de una actualización a la normativa internacional”. Su terminología, asimismo, “no refleja ya los valores que inspiran la protección de este colectivo”. Además, “su contenido se basa en una concepción médico-rehabilitadora de la discapacidad, coherente en el momento de su redacción, pero hoy completamente superada por un modelo social de corte igualitario. Se pretende que este precepto vuelva a ser referencia para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España”.
Se indican a continuación las normas correspondientes al Ministerio de Trabajo y Economía Social:
-Ley por la que se transpone la directiva comunitaria sobre conciliación de la vida familiar y laboral de progenitores y cuidadores.
-Ley por la que se transpone la directiva comunitaria por la que se aplica el acuerdo relativo a la aplicación del convenio de pesca.
-Ley por la que se modifica el artículo 33 apartado 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y adición de un nuevo apartado 11.
-Ley para la protección laboral de las personas trabajadoras que llevan a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios tecnológicos.
-Ley por la que se modifica la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial.
-Ley por el que se regula el trabajo a distancia.
-Ley por la que se transpone la directiva comunitaria sobre desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.
-13 reales decretos: Registro Administrativo de Sociedades Laborales; modificación del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social; actualización de las cuantías de las sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social; modificación de la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo; directiva europea sobre el acuerdo relativo a la aplicación del convenio de pesca; medidas de acción positiva para la integración laboral de personas con capacidad intelectual límite; transparencia retributiva; planes de igualdad; salario mínimo interprofesional para 2021; Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024; transposición de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles y ampliación de los derechos de información; y programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.
